• La justicia debe ser impartida por jueces independientes dice el expresidente Zedillo al reaparecer
Ernesto Madrid
Luego de que un Tribunal Colegiado ordenó suspender la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), senadores del oficialismo realizaron la declaratoria constitucional, inmediatamente de que la mayoría de los congresos estatales la ratificaron y lo hicieron sin la presencia de las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
En el contexto, el expresidente Ernesto Zedillo, destacó “la necesidad indispensable de que la justicia sea impartida por jueces competentes, éticos y, ciertamente, independientes, dotados de los recursos suficientes para hacer que tanto los gobiernos como los ciudadanos rindan cuentas ante la ley”.
En su reaparición y ante el discurso que dará el próximo 15 de septiembre sobre el Estado de Derecho en la conferencia anual de la Asociación Internacional de Abogados (IBA, por sus siglas en inglés) que este año se realizará en la Ciudad de México, en el centro Citibanamex, dijo que su participación es importante, en un momento en el que el valor y la validez tanto de las leyes internacionales como nacionales están siendo cuestionados en muchas partes del mundo.
▶️ La Cámara de Senadores declara aprobado el decreto de modificaciones constitucionales en materia de #ReformaAlPoderJudicial. pic.twitter.com/8tSGiJY9cY
— Senado de México (@senadomexicano) September 13, 2024
“Desde hace mucho tiempo se ha observado que la debilidad del Estado de derecho es uno de los principales obstáculos que la mayoría de los países latinoamericanos deben superar para alcanzar un desarrollo pleno. Lamentablemente, este es también el caso de México”, apuntó en un video en el que anunció su participación.
Mientras tanto, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, le colocó la envoltura con el moño patrio al regaló que le harán a López Obrador de despedida al realizar la declaratoria de reforma constitucional al proyecto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial y remitirlo a la Cámara de Diputados para hacer lo propio.
Lo anterior, a pesar de que un Tribunal Colegiado y por unanimidad de votos, magistrados del colegiado declararon fundada la queja de la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, contra los efectos de la suspensión provisional que un juez les otorgó en el amparo que tramitó para que no se llevara a cabo la discusión y aprobación de la reforma judicial en las cámaras de Diputados y Senadores.
Senado decreta Reforma Judicial
Por lo que, al resolver el recurso de queja, ordenó suspender la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF) hasta que un juez de Distrito resuelva si concede la suspensión definitiva a la asociación civil que impugnó el dictamen aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados.
Por lo pronto, la susodicha reforma sigue metiendo ruido entre los inversionistas, ahora la calificadora Fitch señaló que podría cambiar la perspectiva la perspectiva de la calificación soberana de México de estable a negativa de acuerdo con Gerardo Carrillo, el director regional para América Latina de finanzas públicas de Fitch.
Vale la pena mencionar que, de las 3 agencias calificadoras más importantes, S&P Ratings, Moody’s y Fitch, es precisamente esta última la que peor calificación soberana tiene para México ubicándola en BBB-, a un escalón de perder el grado de inversión, mientras que Moody’s, una de las instituciones a las que ha criticado presdente, insistió el miércoles que la reforma podría generar un choque de confianza prolongado, volatilidad e incertidumbre financiera, que elevaría el costo de la deuda, pondría en riesgo el crecimiento, las finanzas públicas y el grado de inversión.
Y no es único conflicto, está la inseguridad que no da certeza para invertir, el cuestionado estado de derecho, la disciplina fiscal erosionado recientemente con un déficit público muy grande previsto para 2024, el mayor en tres décadas que sigue siendo consistente con una calificación de grado de inversión negativa por lo que queda la pregunta ¿hay riesgo de crisis económica, política o social?
