Vecinos de Ecatepec celebran fuera de la SCJN tras el fallo que garantiza agua potable”
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordena garantizar agua potable en Ecatepec a más de 800 habitantes del Estado de México, tras resolver dos amparos que llevaban más de cinco años atorados en tribunales. El Pleno del máximo tribunal exige, como mínimo, 100 litros diarios por persona.
La resolución llega después de que familias de la Quinta Zona de Ecatepec documentaran, desde 2021, cómo redes de “huachicoleros del agua” lucraban con el desabasto mientras miles de hogares permanecían sin servicio regular. (Enlace interno sugerido: cobertura previa sobre huachicoleo de agua en Ecatepec).
¿Qué ordena exactamente la SCJN?
El Pleno resuelve los amparos en revisión 13/2026 y 14/2026, además de un recurso de inconformidad ligado al artículo 201 de la Ley de Amparo. Con estos fallos, la Corte concede protección constitucional a 688 personas de manera directa y reconoce el interés legítimo de cientos más que los juzgados de distrito habían excluido por no acreditar formalmente su reclamo.
El fallo obliga al organismo operador Sapase a entregar agua potable de forma diaria, continua y sin condicionarla al pago del servicio. La Corte precisa además que el reparto mediante pipas no basta para cumplir la sentencia: el suministro debe llegar preferentemente por la red hidráulica.
Un programa de infraestructura con plazos
Más allá del abasto inmediato, la sentencia vincula a los tres órdenes de gobierno —municipal, estatal y federal— a ejecutar un programa de infraestructura hídrica en 38 colonias de la Quinta Zona. Ese programa debe incluir:
- Diagnóstico completo de la red de suministro.
- Identificación y reporte de fugas.
- Cronograma de reparaciones y mantenimiento.
- Alternativas basadas en estudios de ingeniería.
- Evaluación para instalar medidores en los hogares.
Cinco años de litigio contra el huachicoleo del agua
El conflicto legal arranca en 2021, en plena pandemia de covid-19, cuando la falta del líquido agravaba los riesgos sanitarios en colonias como Nueva Aragón, Media Luna y Fuentes de Aragón. Los vecinos denunciaban entonces que, cuando el agua llegaba, lo hacía contaminada.
Durante años, organizaciones y denunciantes locales señalaron que grupos dedicados al huachicoleo del agua operaban tomas clandestinas y extraían el líquido de pozos y redes, mientras las familias de la Quinta Zona dependían de pipas irregulares. Reportes de Sapase documentaron después la recuperación de decenas de millones de litros sustraídos mensualmente por estas redes.
La ministra presidenta del proyecto, Hugo Aguilar Ortiz, reconoce en la sesión que la falta de agua en la región “lleva décadas” y que Ecatepec está catalogado como Zona de Atención Prioritaria por sus asentamientos irregulares.
Las protestas que empujaron la resolución
El caso no avanzó sin presión social. El 14 de julio, decenas de vecinos protestan frente a la sede de la SCJN en la Ciudad de México para exigir que el Pleno vote los proyectos, pendientes desde el 26 de mayo. Una segunda manifestación se organiza menos de cinco días después.
La diputada local del PVEM, Miriam Silva Mata, encabeza buena parte de esa movilización y advierte públicamente que, de no obtener justicia, los denunciantes acudirán a instancias internacionales. (Enlace externo sugerido: cuenta oficial de la SCJN en X con el hilo de la resolución).
Durante la sesión, los quejosos vuelven a manifestarse afuera del tribunal para exigir “agua para Ecatepec”, mientras adentro los ministros votan por unanimidad a favor de conceder el amparo.
La voz disidente dentro del Pleno
No todo el fallo es unánime en sus efectos. La ministra Yasmín Esquivel Mossa respalda el fondo de la resolución, pero se pronuncia contra los efectos específicos impuestos al municipio. A su juicio, la alcaldía necesita mayor margen de acción, dada la complejidad de Ecatepec: crecimiento irregular, pobreza estructural y los planes de infraestructura ya presentados ante la Corte.
La respuesta del gobierno municipal
Tras conocerse el fallo, la presidenta municipal, Azucena Cisneros, afirma que su administración trabaja desde el inicio de su gestión para atender el desabasto en la Quinta Zona y confirma que acatará la resolución. La alcaldía ha reportado previamente operativos contra el huachicoleo del agua que recuperaron millones de litros sustraídos por redes clandestinas.
Qué pasa si las autoridades incumplen
La ejecución de la sentencia no es opcional. Conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, una vez notificada la ejecutoria, la autoridad responsable recibe un plazo para cumplirla, bajo apercibimiento de multa. Si el incumplimiento persiste, el expediente puede derivar en un procedimiento de inejecución, la vía más severa dentro del sistema de amparo mexicano.
Para los cientos de familias que documentaron el desabasto durante media década, el fallo marca un antes y un después: convierte una demanda ciudadana en una obligación jurídica exigible ante los tres niveles de gobierno.