• La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum vuelve a revisión en Palacio Nacional mientras aliados y oposición anticipan que no alcanzará mayoría calificada. Morena cierra filas, pero el consenso se aleja.

Ernesto Madrid

La reforma electoral del nuevo gobierno aún no llega al Congreso y ya enfrenta su primera paradoja: nace entre ajustes de última hora y con el riesgo real de no alcanzar los votos necesarios para sobrevivir.

Aunque desde Palacio Nacional se anticipó que la iniciativa sería enviada esta semana, la propia presidenta reconoció en su conferencia matutina que pidió modificaciones a la redacción original. “Tuve algunos comentarios”, dijo. La instrucción fue clara: concentrar la propuesta únicamente en los puntos del llamado “decálogo por la democracia” presentado días antes y evitar artículos adicionales que pudieran generar contradicciones.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, confirmó que la Comisión Presidencial trabaja a marchas forzadas para entregar el borrador final a la mandataria, quien lo revisará y firmará antes de enviarlo a la Cámara correspondiente. Según Monreal, no habrá cambios en los diez ejes centrales, incluido el nuevo modelo de representación proporcional.

Sin embargo, la revisión adicional —la segunda en menos de 48 horas— no es un simple trámite técnico. Refleja tensiones políticas de fondo.

Los puntos que dividen

La propuesta presentada el 25 de febrero contempla:

• Reducción de 25% al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), partidos, OPLES y tribunales.
• Disminución del Senado de 128 a 96 integrantes.
• Elección directa de los 500 diputados federales.
• Regulación en materia de inteligencia artificial, fiscalización y tiempos en radio y televisión.

El problema no está en Morena —que con 253 diputados ha anunciado voto unánime a favor— sino en sus aliados.

¿Reforma electoral necesaria o ajuste estratégico? Otra revisión que no despeja dudas

El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco Coello, aseguró que su partido respalda la iniciativa “en 90 o 95%”, pero marcó distancia en dos temas clave: el recorte presupuestal a partidos y el nuevo esquema para elegir legisladores plurinominales. El Verde advierte riesgos de inequidad y debilitamiento partidista.

El Partido del Trabajo (PT) fue más explícito. En un comunicado publicado el 1 de marzo rechazó cualquier “regresión democrática”. La senadora Yeidckol Polevnsky calificó como “fuera de toda realidad” el modelo propuesto para plurinominales, al considerar que generaría competencia desigual sin recursos suficientes.
Ambos partidos son indispensables para alcanzar la mayoría calificada —dos terceras partes de ambas Cámaras— requerida para modificar la Constitución. Sin ellos, la reforma no prospera.

En el bloque opositor, el tono es más duro. El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, sostuvo que el problema electoral no es presupuestal sino la infiltración del crimen organizado. El senador Ricardo Anaya calificó la iniciativa como una “farsa”.

Desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas acusó que el objetivo es asegurar ventajas rumbo a 2027. Y Movimiento Ciudadano, a través de Clemente Castañeda, anunció que presentará su propia contrapropuesta.

Incluso figuras históricas como Diego Fernández de Cevallos y Manlio Fabio Beltrones han cuestionado la eventual desaparición del PREP y advertido riesgos de sobrerrepresentación.

En contraste, el coordinador morenista en el Senado, Ignacio Mier Velazco, anunció que diputados y senadores del partido darán “cheque en blanco” a la presidenta. La disciplina interna está garantizada.

Fuentes legislativas consultadas advierten que, en el escenario actual, la iniciativa “nacería muerta” por falta de mayoría calificada. La resistencia del Verde en temas presupuestales y del PT en representación proporcional complica el tablero.

A ello se suma un elemento que podría tensar aún más la negociación: el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar ha planteado añadir la eliminación del fuero constitucional. Una adición de esa magnitud no sólo modificaría el espíritu original de la reforma, sino que podría fracturar definitivamente el bloque oficialista.

La insistencia presidencial en reducir costos y modificar el esquema de plurinominales responde a una narrativa de austeridad y democratización. Sin embargo, la revisión reiterada, el ajuste de última hora y las reservas públicas de aliados revelan que el debate no es técnico, sino político.

La pregunta de fondo permanece: ¿se trata de una reforma estructural necesaria o de una apuesta estratégica con alto costo legislativo?

La respuesta dependerá menos de la redacción final y más de la capacidad del gobierno para construir acuerdos en un Congreso donde la aritmética pesa más que la retórica.

@JErnestoMadrid
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