• Mientras el gobierno promete fortalecer la democracia, el diseño político de la reforma electoral revela una ruta de concentración de poder que contradice los principios históricos de la izquierda progresista y recuerda modelos que hoy incomodan incluso a Washington.
Ernesto Madrid
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido enfática: la reforma electoral que enviará al Congreso no tiene un sesgo autoritario ni busca debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE). En su narrativa, se trata de una iniciativa para reducir costos, ampliar la participación ciudadana y perfeccionar la representación política. Sin embargo, cuando se revisan los actores involucrados, los tiempos, las exclusiones deliberadas y el contexto internacional, el discurso comienza a mostrar grietas profundas.
Sheinbaum ha descartado reunirse con la oposición para construir consensos, convencida de que la propuesta “fortalece la democracia” y que nadie podría sostener seriamente que México transita hacia un modelo autoritario. Esa certeza, sin embargo, contrasta con una práctica política que centraliza decisiones, reduce contrapesos y redefine las reglas electorales desde el poder, no desde el consenso democrático.
El anuncio de la reforma se da tras una reunión en Palacio Nacional con las figuras más influyentes del oficialismo: Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Rosa Icela Rodríguez, Esthela Damián, Arturo Zaldívar, Luisa María Alcalde y Pablo Gómez. No fue un encuentro técnico ni plural; fue un cónclave político para delinear una reforma del poder, no simplemente del sistema electoral. Ahí se definió la ruta de una iniciativa que, más que corregir fallas, parece diseñada para administrar riesgos políticos futuros.
El argumento central del gobierno es el ahorro y la eficiencia: menos recursos para partidos, INE y organismos locales; ajustes al modelo de plurinominales; consultas populares más frecuentes. En abstracto, ninguna de estas ideas es antidemocrática. El problema surge cuando se observan como un paquete integral, impulsado por un partido hegemónico que ya controla el Ejecutivo, el Legislativo y buena parte de los gobiernos estatales.
Reforma electoral: el discurso democrático y la tentación del control
La autonomía del INE no será eliminada formalmente, pero sí puede verse reducida en los hechos. Menos presupuesto, menor margen sancionatorio y mayor dependencia normativa del Congreso y del Ejecutivo implican un árbitro electoral más técnico y menos autónomo. Es una fórmula conocida en América Latina: no se destruyen las instituciones, se les vacía de poder.
La paradoja es evidente. La izquierda que históricamente luchó por elecciones limpias, órganos autónomos y representación plural, hoy impulsa una reforma que concentra decisiones y reduce espacios independientes. En el centro de esta contradicción está Pablo Gómez, un político forjado precisamente en el sistema de representación plurinominal que ahora busca rediseñar. Su trayectoria —beneficiaria del modelo que hoy cuestiona— sintetiza la doble moral que atraviesa el proyecto.
Más allá del discurso interno, el contexto internacional añade otra capa de complejidad. La narrativa oficial insiste en que México es una democracia sólida, pero las señales que envía esta reforma se parecen, en el mejor de los casos, al modelo venezolano en su fase inicial: cambios graduales, legales y justificados en nombre del pueblo, que terminan por asegurar mayorías permanentes y control político. No es casual que este tipo de movimientos generen incomodidad en Estados Unidos, particularmente en un escenario donde Donald Trump vuelve a marcar distancia con gobiernos que percibe como aliados de esquemas autoritarios en la región.
El fondo del debate no es si habrá consultas ciudadanas o menos plurinominales, sino quién controla el sistema que organiza, fiscaliza y valida las elecciones. El oficialismo parece más preocupado por disciplinar sus propias filas, contener disputas internas y asegurar gobernabilidad rumbo a 2027, que por abrir el sistema a una competencia más equitativa.
Sheinbaum insiste en que no se tocará lo que ha funcionado y que los ajustes serán puntuales. Pero la experiencia comparada demuestra que las democracias no se erosionan de golpe, sino mediante reformas graduales que, una a una, reducen contrapesos. La incongruencia no está en el discurso, sino en la arquitectura política que se está construyendo desde Palacio Nacional.
En nombre de una izquierda progresista, el gobierno promete más democracia. En la práctica, diseña un modelo de control que contradice esa tradición y acerca a México a esquemas que, aunque legales, terminan siendo profundamente restrictivos. Esa es la verdadera discusión que el país debería estar dando.
@JErnestoMadrid
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