Por Oscar Sánchez Márquez
La anulación, en su totalidad, del llamado Plan “B” electoral, el conjunto de reformas en materia de procesos electorales sugerido y aprobado por el morenismo para normar las votaciones del 2024, abre nuevos frentes de batalla entre el Ejecutivo Federal y la mayoría de los representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Como se esperaba, el pasado jueves nueve de once ministros aprobaron el proyecto de resolución que declara la invalidez del conjunto de reformas, por considerar que en su aprobación por parte del poder Legislativo se cometieron diversas violaciones al procedimiento.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ya esperaba una resultado contrario, como ocurrió, por ello se adelantó el miércoles a emitir un inusitado comunicado de prensa en el que prácticamente acusa al ministro Javier Laynes Potiseck de actuar bajo criterios que benefician a los partidos de oposición.
Presidencia y la Corte, jugar a las vencidas –
En dicho comunicado incluso se refiere a que el togado hizo suyos argumentos que ni siquiera la oposición esgrimió en su momento, para echar abajo esas reformas electorales, ubicándolo dentro del espectro de los ministros que están en contra de su gobierno y de su partido.
La historia reciente de la relación entre dos de los tres Poderes de la Unión, en este caso entre el Ejecutivo representado por el presidente de la República, y el Judicial, con los ministros a la cabeza, ha sido de desencuentros, por cierto, no menores.
Esa lucha de poder ha sido de tal grado que desde la presidencia de la República se ha alentado una campaña de linchamiento en contra de la presidenta de la Corte, Norma Piña, además de que se ha generado una narrativa adversa en la que se responsabiliza a los hombres y mujeres de toga y birrete no afines al morenismo de alentar un “golpe de estado blando”, obstruyendo la gestión del gobierno federal.
Del lado del presidente solo están las ministras Yazmín Esquivel Mossa (la de la licenciatura pirata) y Loretta Ortiz.
Mal augurio ese ambiente de crispación, pero más grave aún por lo que se ve venir de cara al proceso electoral del 2024 en el que será renovada la presidencia de la República, la totalidad de las Cámaras del Congreso de la Unión, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, un amplio número de gubernaturas y decenas de alcaldías a nivel nacional.
Presidencia y la Corte, jugar a las vencidas –
No son pocos los que hoy dan por hecho de que habrá, de parte del morenismo y la 4T, una especie de rebelión e incluso desconocimiento hacia las normas electorales anteriores, es decir las que se pretendía cambiar con el Plan “B” y que al no haberse logrado su ratificación por parte de la Suprema Corte se mantienen.
Sembrar la incertidumbre sobre el proceso electoral del 2024 a partir de las reformas electorales que no pasaron la prueba de la constitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es algo sumamente grave, porque a partir del cuestionamiento a la imparcialidad, objetividad y transparencia de las votaciones federales próximas podrían sobrevenir otras acciones, incluso el desconocimiento del proceso electoral.
Si en Morena se habla del Plan “C”, es decir, hacer lo que consideren justo y legal en materia de procesos electorales, aunque de cara a la ley electoral no sea así, solo viene a generar mayor incertidumbre en el plano electoral, lo que suma al ya de por sí grave enfrentamiento entre los Poderes Ejecutivo y el Judicial.
Es momento de apaciguar ánimos, no de alentar una mayor confrontación, mucho menos cuando lo que esta en juego, en medio, es la paz social y la gobernabilidad democrática del país. De ese tamaño.
