Ciudad de México.- La titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, presentó las reformas a ordenamientos legales en materia de seguridad pública que envió al Congreso de la Unión para su discusión y aprobación, las cuales tienen como objetivo garantizar la seguridad de las personas y la paz pública.
Las reformas son:
- Creación de una Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública
- Modificaciones estructurales a la Ley de la Guardia Nacional
- Expedición de una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Durante la Mañanera del Pueblo de este 24 de junio, la funcionaria explicó que estas reformas buscan consolidar dos pilares de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la profesionalización y consolidación de la Guardia Nacional, así como impulsar el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación del Gobierno de México.
Asimismo, destacó que, en el caso de la primera ley, establece un marco normativo para coordinar y operar acciones de prevención y combate a delitos de alto impacto mediante inteligencia.
De igual forma, esta iniciativa, reglamentaria del artículo 21 constitucional, contempla la creación de un Consejo Nacional de Inteligencia encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y operado por el Centro Nacional de Inteligencia.
Godoy Ramos explicó que este sistema estará bajo control del Ministerio Público y funcionará como un instrumento para anticiparse a las personas generadoras de violencia, a través del uso legal y controlado de tecnologías, con garantías de protección a los derechos humanos y de los datos personales.
Presentan paquete de reformas en materia de seguridad pública
Además, subrayó que cualquier intervención en comunicaciones deberá contar con autorización judicial previa, como lo estipula el Código Nacional de Procedimientos Penales.
“Cualquier intervención de este tipo, siempre estará sujeta a la autorización judicial, por lo tanto, podemos asegurar que no se le podrá dar ningún uso político por los candados con los que cuenta y las medidas de seguridad”, puntualizó Godoy.
Por otro lado, la funcionaria explicó el paquete legislativo que se enviará al Congreso para su discusión el cual incluye reformas a la Ley de la Guardia Nacional y a seis ordenamientos legales.
Las modificaciones definen a esta institución como una fuerza permanente de seguridad pública, con estructura y grados equivalentes al Ejército y la Fuerza Aérea, pero con funciones específicas en el ámbito civil y siempre bajo el mando ministerial para la prevención e investigación de delitos.
Además, se establece una coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y el Centro Nacional de Información, para generar, compartir y obtener información en materia de seguridad pública que contribuya a mantener el orden y la paz social.
Godoy Ramos agregó que con estos cambios la Guardia Nacional podrá colaborar y participar en materia de seguridad pública, con las entidades federativas y municipios, a través de los Gabinetes, Consejos y, en general, con los Órganos Colegiados. Además, podrá generar, compartir y obtener información en materia de prevención y persecución de los delitos.
Las disposiciones también establecen cambios en la educación del personal de la Guardia Nacional, un sistema de ascensos y recompensas con rangos equivalentes a los de la Defensa y la Armada y se garantizan los derechos de seguridad social.
Por último, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, detalló la propuesta de una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que sustituye a la normativa vigente desde 2009.
Explicó que el objetivo de esta ley es fortalecer este Sistema por lo que se flexibilizan y articulan estructuras y procedimientos, que actualmente son rígidos e inconexos, con el fin de asegurar la alineación estratégica, coordinación, desarrollo institucional, eficiencia presupuestal
Figueroa Franco detalló que con la nueva norma se pretende establecer con claridad las competencias en los tres niveles de gobierno, fortalecer la coordinación interinstitucional, y otorgar base jurídica al Gabinete Federal de Seguridad, permitiendo replicar su modelo en los estados mediante las mesas de paz.
Finalmente, incluye la creación de la Academia Nacional de Seguridad Pública, enfocada en formar mandos e investigadores con visión humanista, ética y profesional.
