• La petrolera mejora en sus calificaciones, mientras expertos advierten que sin verificadores externos los procesos internos del sector energético se hunden entre deudas, favores y evasión
Ernesto Madrid
Fitch Ratings decidió darle un respiro a Petróleos Mexicanos (Pemex): elevó su calificación de “BB” a “BB+”. No es todavía el tan anhelado grado de inversión, pero sí un paso simbólico en el camino que la empresa lleva años prometiendo recorrer. Un avance que, dicho sea de paso, ya había sido anticipado por el secretario de Hacienda, Edgar Amador, durante la pasada Convención Bancaria, donde subrayó que recuperar acceso a los mercados internacionales sería prioridad.
La noticia no es menor. Fitch ha sido la calificadora más severa con la petrolera: fue la primera en retirarle el grado de inversión hace cinco años y la que, cual recordatorio implacable, mantiene su evaluación independiente en “CCC”, es decir, casi chatarra. Debajo del manto soberano, Pemex sigue con pérdidas operativas, una deuda de casi 99 mil millones de dólares y un modelo de negocio atado al presupuesto federal.
Las otras agencias, aunque más benévolas, tampoco desbordan entusiasmo: Moody’s mantiene a la empresa en “Ba2” (dos escalones abajo del grado de inversión) y Standard & Poor’s en “BBB-”, apenas un suspiro por encima del terreno especulativo. Optimismo sí, pero con reservas.
El verdadero reto, según especialistas, es demostrar con hechos que Pemex puede sostener la confianza de inversionistas y calificadoras: aumentar producción, abrir espacios a la iniciativa privada, imponer disciplina financiera y dejar de vivir a expensas de la tesorería nacional.
Pemex recibe oxígeno de calificadoras, pero el huachicol fiscal sigue ahogando la transparencia
El otro petróleo: huachicol fiscal y deudas
Pero mientras Pemex presume oxígeno financiero, la realidad en tierra firme es menos alentadora. En conferencia de prensa, Ricardo Ortega, CEO de Alliance, advirtió que al país le urge “blindar sus ingresos y su seguridad energética” con verificadores externos, pues los procesos internos ya demostraron sus límites.
El diagnóstico no es menor: la Fiscalía General de la República destapó una red de 550 empresas que operaban el llamado huachicol fiscal en al menos ocho puertos estratégicos —incluido Veracruz—, con documentos falsos, complicidad aduanera y evasión de impuestos como carta de presentación.
La deuda de Pemex con proveedores y contratistas también preocupa: al cierre del segundo trimestre de 2025 aumentó casi 19% respecto al año pasado. Y aunque el gobierno federal anunció un vehículo financiero de 250 mil millones de pesos para cubrir parte de esos adeudos —de los cuales ya se dispersaron 240 mil millones—, la incertidumbre persiste.
“Necesitamos controles externos e independientes que auditen contratos, pagos y asignaciones. Sólo así podemos construir certidumbre real”, sentenció Ortega, acompañado de Rocío Robles, presidenta de Amexgas, y de Alicia Zazueta, CEO de E-Services.
PyMEs: las que siempre pagan los platos rotos
El impacto golpea especialmente a las pequeñas y medianas empresas, “el corazón de la cadena de valor”, que no piden favores sino reglas claras y verificables. Sin ellas, advierten, se pierden empleos y se erosiona la competitividad del país.
Pemex sonríe a las calificadoras, pero abajo, entre deudas, huachicol y controles internos vulnerados, la historia parece escrita en otro idioma: el de la fragilidad estructural.
@JErnestoMadrid
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