Ciudad de México.- El Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California anunció la presentación de una iniciativa que busca imponer la pena máxima a funcionarios públicos vinculados con el crimen organizado. Durante una conferencia de prensa, el diputado Elías Lixa Abimerhi, coordinador del grupo parlamentario del PAN, afirmó que «traicionar la confianza de la gente» al colaborar con organizaciones delictivas es una falta grave que debe ser castigada con rigor.
Acompañado por las diputadas Eva María Vázquez y Lizbeth Mata, así como por el diputado César Damián Retes, Lixa subrayó que la iniciativa busca endurecer las sanciones contra servidores públicos involucrados en delitos de alto impacto. Según el legislador, la medida es una respuesta a la creciente inseguridad en Baja California y la falta de resultados en la estrategia de seguridad del gobierno estatal y federal.
PAN propone sanciones más severas para funcionarios criminales
Mata destacó la crisis de violencia en la entidad, señalando el asesinato de líderes pesqueros como un reflejo del control que el narcotráfico ejerce en ciertas zonas. «La ausencia de gobierno en la lucha contra el crimen organizado es evidente», afirmó la legisladora. Por su parte, Vázquez advirtió que la inseguridad ha generado un clima de miedo entre la población. «El miedo no puede convertirse en el nuevo estilo de vida en Baja California», sostuvo.
En el encuentro con medios, los diputados también criticaron la reducción de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), lo que, según ellos, ha debilitado la capacidad operativa de las autoridades locales. Lixa responsabilizó a la administración estatal de no gestionar adecuadamente los recursos y de no generar una estrategia eficaz para enfrentar la delincuencia.
Además, abordaron las recientes protestas en Tijuana, donde manifestantes han bloqueado accesos al aeropuerto, obligando a los pasajeros a recorrer largas distancias para abordar sus vuelos. Damián Retes señaló que estas manifestaciones están relacionadas con incumplimientos gubernamentales en materia de regularización de terrenos y advirtió sobre el impacto negativo en la economía y el turismo del estado.
