Luis Ayala/Corresponsal Edomex
TEXCOCO, Edomex., 22 de junio de 2026.- El Poder Judicial de la Federación ordenó la suspensión definitiva de la construcción de una plaza comercial en el sitio arqueológico Los Ahuehuetes, en el municipio de Texcoco, al considerar que la obra podría afectar un monumento protegido por la legislación federal.
La determinación fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región al resolver el recurso de revisión incidental 125/2026, derivado de un juicio de amparo promovido por ciudadanos para salvaguardar los vestigios históricos localizados en la zona.
De acuerdo con los promoventes, el predio forma parte de un espacio vinculado con los antiguos jardines atribuidos al gobernante acolhua Nezahualcóyotl, considerado uno de los personajes más representativos de la historia prehispánica de la región.
Ordena tribunal frenar plaza comercial en zona arqueológica de Texcoco
El fallo judicial establece que los trabajos deberán permanecer suspendidos hasta que exista una resolución definitiva dentro del juicio principal.
Entre los elementos que sustentan la protección del sitio se encuentran registros elaborados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que desde 2006 documentó la presencia de estructuras y materiales arqueológicos en el lugar.
Los reportes refieren la existencia de un sistema hidráulico, muros de mampostería, un acueducto, canales, restos óseos de un infante y fragmentos de obsidiana que datan del siglo XV.
El Tribunal consideró que la licencia de construcción otorgada para el proyecto podría impactar un bien sujeto a protección federal, por lo que procedía mantener la medida cautelar.
Ordena tribunal frenar plaza comercial en zona arqueológica de Texcoco
Habitantes de Texcoco han señalado presuntas irregularidades en la autorización de licencias y permisos relacionados con la obra, además de omisiones en las labores de vigilancia y conservación del patrimonio arqueológico.
Asimismo, solicitaron que se determinen las responsabilidades correspondientes en caso de acreditarse intervenciones incompatibles con el régimen de protección establecido por la legislación federal.
La resolución también fue considerada relevante porque reconoce la participación ciudadana como un mecanismo legítimo para la defensa y preservación del patrimonio cultural.