En conferencia de prensa Early Institute publica investigación que documenta fallas sistémicas en la atención obstétrica de emergencia y propone reformas urgentes para reducir la mortalidad materno-infantil.
Desafíos en la atención de la mujer antes, durante y despues del parto.
El Early Institute presentó hoy el estudio “Atención a la salud materno-infantil y a las emergencias obstétricas durante el embarazo, parto y puerperio en México”, una investigación exhaustiva que pone al descubierto las profundas brechas entre el marco normativo vigente y la realidad que enfrentan las mujeres mexicanas al momento de una emergencia obstétrica.
“A pesar de que el derecho a la atención obstétrica de emergencia está reconocido en la Constitución y en tratados internacionales, miles de mujeres y recién nacidos siguen muriendo por causas prevenibles en México.”, se precisa en el documento.
Elaborado con base en los Registros de Egresos Hospitalarios Sectorial de la Secretaría de Salud 2023, la investigación revela que las emergencias obstétricas representan el 19% de todos los egresos hospitalarios en el país y el 61% de los relacionados con salud materno-infantil. En términos absolutos, esto se traduce en 4,871 defunciones durante 2023, la mayoría de ellas neonatales.
Entre los hallazgos más alarmantes destaca que México presenta un déficit de 842 unidades médicas capacitadas para atender emergencias obstétricas, según los estándares de la OMS, UNICEF y UNFPA. Los estados más afectados son Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Nuevo León.
El estudio también documenta la subutilización del Convenio General de Colaboración para la Atención de Emergencias Obstétricas, vigente desde 2009, que permite atender a cualquier mujer independientemente de su afiliación institucional. A pesar de su importancia, el 35.5% de las defunciones materno-infantiles en 2023 ocurrió por causas no cubiertas por dicho convenio.
Como contrapunto, el estudio destaca el modelo de Guanajuato, estado que ha desarrollado una red hospitalaria estratégica con triage obstétrico obligatorio, Código Mater y sistemas de referencia y traslado eficientes, mostrando que la coordinación interinstitucional y la capacitación pueden transformar los resultados.
Principales Recomendaciones
El Early Institute propone reformas concretas, entre las que destacan: convertir el convenio en red nacional obligatoria, ampliar capacidades hospitalarias en estados con mayor déficit, actualizar el catálogo de emergencias obstétricas, fortalecer sistemas de registro, capacitar personal en todos los niveles de atención, e implementar un modelo de redes integradas de salud con disponibilidad 24/7.
Un sistema fragmentado que retrasa la atención
De acuerdo con el análisis de Early Institute, la coexistencia de distintas instituciones de salud —el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Salud— genera brechas de atención y demoras críticas en momentos donde cada minuto puede ser determinante para salvar la vida de una madre o un recién nacido.
Para atender este problema, desde 2009 existe el Convenio General de Colaboración para la Atención de Emergencias Obstétricas, un mecanismo diseñado para garantizar la atención de estos casos sin importar la institución a la que esté afiliada la paciente.
Sin embargo, el estudio advierte que su aplicación sigue siendo limitada y su impacto real, insuficiente, explicó el maestro Cándido Pérez, Coordinador de la investigación, durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por Mónica Ancira, del Observatorio Materno Infantil del Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana y el Lic. Luis Alarcón, del equipo de investigación de Early Institute.
Déficit de infraestructura y personal especializado
Uno de los hallazgos más contundentes del estudio, precisaron, es la brecha entre la infraestructura existente y la que debería operar conforme a los estándares internacionales. En 2023, el país contaba con 469 unidades médicas adscritas al convenio, cuando —de acuerdo con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)— debería contar con 1,311 unidades, lo que representa un déficit de 842 unidades médicas a nivel nacional.
A esta carencia se suma la escasez de especialistas: el estudio detalla que la mayoría de las unidades disponibles cuenta con menos de 5 médicos ginecobstetras y 6 anestesiólogos, personal indispensable para responder de manera inmediata ante una emergencia obstétrica.
Las principales causas de muerte materna y neonatal
Cándido Pérez y Mónica Ancira hicieron hincapié en que el estudio identifica que las principales causas de mortalidad materna en México son las hemorragias posparto, la preeclampsia y la eclampsia, mientras que, en el caso de la mortalidad neonatal, las causas más frecuentes son la sepsis, la prematuridad, la insuficiencia respiratoria y la desnutrición fetal.
Adicionalmente, recalcaron, la investigación señala que el catálogo actual de emergencias obstétricas excluye al 35.5% de las causas que en la práctica clínica derivan en complicaciones graves, lo que limita la cobertura efectiva del convenio interinstitucional.
Guanajuato, un modelo a replicar
En contraste con el panorama nacional, el estudio destaca el caso de Guanajuato como un modelo exitoso de coordinación interinstitucional. La entidad ha implementado un sistema de específico obstétrico, el protocolo Código Mater y una red de comunicación eficaz entre unidades médicas, lo que ha permitido reducir tiempos de respuesta y mejorar la atención oportuna de las pacientes.
Subregistro: un obstáculo para las políticas públicas
El estudio también advierte sobre las fallas en los sistemas de registro de emergencias obstétricas, las cuales no solo dificultan los procesos de pago entre instituciones, sino que impiden el diseño de políticas públicas basadas en evidencia sólida y actualizada.