• Prometieron un Poder Judicial sin favoritismos familiares. La realidad: más de la mitad de los ministros y magistrados llegaron con parientes en el gobierno, contratos públicos incluidos. La “renovación histórica” parece más un cambio de nombres que de prácticas.
Ernesto Madrid
El Poder Judicial de México estrenó cara nueva y discursos grandilocuentes sobre transparencia y combate al nepotismo. Los ministros llegaron con la espada desenvainada, prometiendo limpiar la casa de los favores familiares y restaurar el equilibrio institucional del país. Sin embargo, la primera prueba de coherencia se transformó en un espectáculo irónico: el nepotismo se modernizó, pero no se fue.
Según documentos públicos, registros de la elección judicial de 2025 y una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, el 56% de los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen al menos un familiar en cargos públicos o con contratos gubernamentales.
En el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), el porcentaje alcanza el 60%, mientras que en la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF) llega a 71%. En total, 27 familiares de jueces y magistrados mantienen vínculos directos con el gobierno.
El caso emblemático, digno de un guion teatral, es el de Lenia Batres Guadarrama. La ministra no solo ostenta uno de los cargos más importantes del país, sino que parece manejar un verdadero imperio familiar en la administración pública:
• Su exesposo, Ulises Lara López, es titular de la Fiscalía General de la República en Morelos.
• Su hijo, Emiliano Batres Guadarrama, es Jefe de Departamento en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).
• Su hermano, Martí Batres Guadarrama, dirige el ISSSTE.
• Su hermana, Valentina Batres Guadarrama, es diputada local en el Congreso de la Ciudad de México.
• Su cuñada, Daniela Cordero Arenas, preside el Fondo para el Desarrollo Social del gobierno de CDMX.
• Su tío, Alejandro Bichir Batres, fue embajador de México en Panamá entre 2023 y 2024.
“Nueva Suprema Corte: la era del nepotismo electoral”
No es la excepción: otros ministros y magistrados muestran patrones similares. María Estela Ríos González, por ejemplo, tiene a su hija magistrada en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Arístides Rodrigo Guerrero García comparte cargos familiares en ISSSTE y CONAGUA, además de participar en programas culturales en Radio UNAM y Canal 22. Sara Irene Herrerías Guerra mantiene a su pareja en la Fiscalía General de la República. Incluso Yasmín Esquivel Mossa, cuya familia directa no ocupa cargos, tiene un esposo cuya empresa ha recibido contratos por 108.9 millones de pesos del Metro de CDMX.
El TDJ, encargado de vigilar la ética judicial, tampoco escapa de la ironía: tres de cinco integrantes tienen familiares en puestos públicos. La Sala Superior del Tribunal Electoral completa su conformación con cinco de siete magistrados en la misma situación. Es decir, el nepotismo no desapareció: solo se adaptó al nuevo método de elección judicial.
MCCI, que ha documentado el fenómeno desde 2017, reportó que más del 50% de los jueces ya tenían familiares en cargos públicos antes de la reforma. A pesar de reconocer los hallazgos, el gobierno rechazó las recomendaciones de MCCI sobre selección y control de jueces, y prefirió presentar la elección popular de jueces como un avance histórico. Resultado: cambio de nombres, mismos apellidos.
Desde el discurso oficial, la “nueva era” del Poder Judicial es un ejemplo de modernización, transparencia y justicia ciudadana. En la realidad, refleja un nepotismo ‘electoralizado’, con nuevas caras, pero los mismos intereses familiares, demostrando que los controles, la rendición de cuentas y la transparencia siguen siendo un lujo pendiente en México.
La paradoja es clara: mientras el gobierno celebra una “era sin nepotismo”, los datos muestran que la práctica persiste, adaptada a los nuevos formatos, con nuevos beneficiarios y un sello electoral de por medio. La Suprema Corte y sus tribunales aliados parecen haber reinventado el nepotismo, ahora con discurso público y votos que validan el árbol genealógico del poder.
Si de verdad se quiere frenar la práctica, advierten expertos, no bastan reformas cosméticas ni discursos triunfalistas: se requieren controles reales, supervisión efectiva y sanciones claras. De lo contrario, la “nueva era” quedará en la memoria como el momento en que los juzgadores hicieron del nepotismo un arte, ahora con estatuto electoral y familiar incluido.
Fuentes:
• MCCI (2017-2025), investigaciones sobre vínculos familiares en el Poder Judicial.
• Documentos de consulta pública de SCJN, TDJ y TEPJF.
• Registros de la elección judicial de 2025.
@JErnestoMadrid
jeemadrid@gmail.com
