La DEA afirmó recientemente que la reforma judicial que pretende llevar a cabo el presidente saliente permitiría que el narcotráfico impusiera a jueces.
“Quién les autorizó a meter su cuchara”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) advirtió que el narcotráfico podría promover a sus propios jueces al plantearse su elección por la vía del voto.
“En el caso de la opinión de la DEA, yo creo que se toma en cuenta su punto de vista, pero ellos deben actuar con prudencia porque México es un país independiente y para decirlo coloquialmente, pero con todo respeto, quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos” aclaró López Obrador.
De acuerdo con un memorándum que circula ente los directivos y agentes de la DEA, se advierte que la elección de jueces y ministros por el voto popular, que propone la reforma judicial que impulsan AMLO y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, abriría la puerta a que los cárteles mexicanos que dominan y controlan buena parte del territorio nacional, preparen y postulen a sus abogados y juristas como candidatos a ministros, magistrados y hasta jueces del nuevo Poder Judicial de la Federación que se pretende crear a partir del próximo mes de septiembre.
Por lo que López Obrador pidió a la agencia del gobierno estadounidenses ser “más respetuoso” en cuanto a las políticas de México, “Entonces nada más que sean más prudentes, más respetuosos y lo decimos en buen plan, como cuates”, expresó ya que la reforma, insistió busca garantizar un Poder Judicial más cercano a la gente y no afectarlo y en dónde los ciudadanos sí quieren participar para elegir a jueces, magistrados y ministros.
Acceso al video de la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, donde aborda este tema: https://www.youtube.com/live/kl9o8XSezDA?t=5641&si=58fBr40NiHzE-DNs
Quiénes son ellas para meterse en temas el asunto de la Reforma Judicial.
La Reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente, busca entre sus principales cambios: Reducir el pleno de la Suprema Corte de 11 a 9 ministros y se reduce su periodo de 15 a 12 años; Eliminar dos salas, por lo que la Corte solo sesionará en Pleno y sus sesiones deberán ser públicas; Eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros; Sus remuneraciones deben ajustarse al tope máximo para no ganar más que el Presidente; Sustituir al Consejo de la Judicatura Federal por el Tribunal de Disciplina Judicial; Prohibición a la SCJN para la suspensión de leyes con efectos generales; Plazo máximo de 6 meses para resolver asuntos fiscales y un año para temas penales y Renovación de todos los cargos de ministros de la Corte en 2025.
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