Por Óscar Sánchez
El asesinato del integrante de la agencia antidrogas de Estados Unidos (la DEA), Enrique Camarena Salazar, ocurrido en 1985, fracturó de por vida la relación México Estados Unidos.
A partir de esa fecha, la de mayor tensión en la relación binacional, las cosas ya no han sido igual. Estados Unidos mantiene en recelo, con justificada razón, de la planeación, implementación y resultados de la lucha antidrogas y anticrimen organizado, que se lleva a cabo en nuestro territorio.
En contrapartida, durante varias décadas el gobierno de México no ha encontrado la respuesta a la pregunta de por qué EU se empeña en exigir resultados de este lado de la frontera mientras en su país, consumidor nato de drogas, no hay peces gordos del narcotráfico detrás de las rejas, ni persecuciones o investigaciones en contra de líderes criminales de gran escala, del tamaño de “El Chapo” o de Genaro García Luna.
Derivado de la tensión binacional que generó el asesinado de “Kiki” Camarena, como le decían al agende antidrogas de la Drug Enforcement Administration), crimen adjudicado a Rafael Caro Quintero, líder del cártel de Guadalajara en aquellos años, se han sucedido diversos episodios entre ambos países que marcan una ruta de recelo y crispación en la relación.
El reciente asesinato de dos ciudadanos norteamericanos y las lesiones provocadas a uno más y el secuestro temporal de una cuarta, perpetradas, presuntamente por grupos del crimen organizado que controlan toda actividad en el estado de Tamaulipas, vino a abrir la herida que nunca ha cicatrizado del todo, motivo por el cual surgieron nuevas voces de aquel lado del Rio Bravo que piden mano dura contra México.
La situación, para ambos lados de la Frontera, no es para menos.
Aquí el crimen organizado y el narcotráfico han rebasado a toda autoridad; ese rebase en gran medida se debe a su poder corruptor de autoridades y al debilitamiento sistémico de los cuerpos policiacos y los órganos encargados de la administración de justicia.
México bajo sospecha – Opinión
Del otro lado, en territorio norteamericano, los ríos de droga mexicana que inunda calles y centros laborales tienen a las autoridades norteamericanas fuera de sí. La distribución y consumo de fentanilo es su dolor de cabeza.
Esta semana en medio de esta serie de acontecimientos, resurgió la propuesta hecha hace unos días por fiscales de diversos estados de Estados Unidos para declarar como terroristas a los grupos criminales mexicanos que trafican droga, siembran el terror de aquél y este lado de la frontera y que, aunque no lo dicen, le han tomado la medida al gobierno, amén de que el propio gobierno se ha visto tibio, dicen los gringos, cómplices de esa situación y de esos grupos criminales.
Como botón de muestra del nivel de crispación que se registra en la relación México-Estados Unidos, un nivel de tensión que escalará aún más, el congresista republicano Dan Crenshaw ha señalado que el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador, el de “abrazos no balazos”, no funciona, e incluso ha deslizado en su discurso el concepto “cómplice” para tratar de explicar por qué AMLO no hace más para frenar a los narcotraficantes.
Según el congresista Dan Crenshaw, EU busca que haya cooperación y trabajo conjunto para atacar a esos grupos delictivos y capos de la droga que hoy controlan la frontera común y amplias zonas territoriales de ambos lados de la frontera. Esa idea no es nueva, el torno bravucón e insolente es lo que llama la atención porque se pensaba que ya se había erradicados del diálogo binacional.
Sin embargo, difíciles episodios han pasado desde el caso del asesinato de Camarena Salazar en 1985. Episodios que lejos de unir han separado más a cada nación.
Por ejemplo, está el Plan Mérida, con el que EU se comprometió a enviar, entre el 2008 y 2010, alrededor de mil 400 millones de dólares para fortalecer la lucha en contra de los carteles de la droga y el crimen organizado.
Hubo fallas, principalmente respecto al tráfico de armas de Estados Unidos a México, un sector donde la industria del armamento de EU se benefició enormemente a costa de la violencia y la muerte que esas armas sembraron en México, aparentemente en una acto de buena voluntad y cooperación binacional.
Luego se destapó el escándalo de Rápido y Furioso, un caso que puso al descubierto la entrada al país de miles de armas norteamericanas que llegaron a manos del crimen organizado y que sembraron violencia, muerte y terror aquí.
Originalmente el plan rápido y furioso implicaba que desde EU se monitorearían esas armas para ubicar y atrapar a grupos de traficantes de armas, pero la operación se les salió de control y el crimen organizado tuvo en su poder el armamento mortal durante mucho tiempo con las consecuencias sangrientas y mortales que hoy conocemos. EU nunca quiso reconocer abiertamente su “error”.
El caso García Luna fue la gota que derramó el vaso. A EU le ha servido para documentar cómo desde México se pasa por alto la autoridad y desde la misma esfera del poder publico y político se hacen vínculos criminales con las mafias traficantes de droga a EU.
Declarar a México como país sede de grupos terroristas, como se insiste en EU en clasificar a narcotraficantes y a las poderosas bandas del crimen organizado, hizo levantar los teléfonos rojos de Palacio Nacional y la Casa Blanca. Comenzó un nuevo episodio de tensión en la relación binacional.
Mientras que aquí ya se habla de un intento norteamericano por intervenir en la seguridad pública e incluso de intervenciones militares en contra del crimen organizado, lo cierto, lo real, es que hoy México esta nuevamente bajo sospecha de EU, como antes.
