La familia de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna afirma que ambos alertaron a altos mandos de Marina sobre presuntos actos de corrupción. El caso plantea preguntas sobre quién denunció los hechos y quién terminó siendo señalado.
Ernesto Madrid
El caso Farías Laguna vuelve a poner bajo la lupa las investigaciones por presunta corrupción dentro de la Secretaría de Marina y plantea una pregunta que trasciende la situación jurídica de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna: ¿qué ocurre cuando quienes presuntamente advirtieron sobre una trama de corrupción terminan señalados como parte de ella?
En un comunicado dirigido al “Comité Plural en Defensa de la Inocencia de Ernesto Ruffo Appel”, la familia de los hermanos Farías Laguna sostiene que ambos informaron oportunamente a sus superiores sobre lo que estaba ocurriendo y cuestiona que ahora se les pretenda presentar como responsables de hechos que, aseguran, ellos mismos contribuyeron a revelar.
El señalamiento central de la familia es concreto. Afirma que Fernando Farías, actualmente preso en Buenos Aires, después de hablar con Manuel Roberto, acercó al contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar con el entonces secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, para que pudiera exponer directamente información sobre presuntos actos de corrupción y las personas que estarían involucradas.
La familia asegura que ese encuentro está documentado y que cuenta con elementos para acreditarlo.
El dato resulta relevante porque modifica la pregunta alrededor del caso Farías Laguna. No se trata de prejuzgar sobre la inocencia o culpabilidad de los acusados, sino de establecer qué información conocieron las autoridades, cuándo la recibieron, qué hicieron con ella y qué ocurrió posteriormente.
El caso Farías Laguna y la pregunta de fondo
La similitud que la familia encuentra con el caso de Ernesto Ruffo Appel está precisamente en la necesidad de revisar la totalidad de la trama y no solamente la responsabilidad de determinados individuos.
Si una persona proporciona información sobre una estructura presuntamente corrupta y posteriormente termina incorporada a la investigación como responsable, el hecho merece ser esclarecido. ¿La investigación alcanzó a quienes originaron o se beneficiaron de la operación, o terminó concentrándose en quienes quedaron expuestos?
Esa es la pregunta que debería responder una investigación completa.
El caso Farías Laguna no puede resolverse únicamente a partir de quién está detenido o quién aparece señalado. Para conocer la dimensión real de los hechos resulta indispensable reconstruir la cadena de información: quién sabía, quién informó, ante quién se hizo la denuncia, qué autoridades intervinieron y qué decisiones se tomaron después.
Porque investigar corrupción no significa solamente encontrar responsables. También significa determinar quién la conoció, quién la denunció, quién la encubrió —si ocurrió— y quién pudo beneficiarse de ella.
Ahí está el verdadero desafío para las autoridades: que la investigación llegue hasta el fondo y que ningún nombre sea utilizado como sustituto de una explicación completa de los hechos.