Nacionalidad por nacimiento en EU, una disputa legal y política
La Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional el intento del presidente Donald Trump de eliminar la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes indocumentados, pero el mandatario ya firmó nuevas medidas para restringir ese derecho. La disputa, lejos de cerrarse, entra en una nueva fase legislativa y judicial que mantiene en vilo a miles de familias mexicanas.
Lo que parecía un capítulo cerrado en la política migratoria de Estados Unidos volvió a abrirse esta semana. El 6 de agosto de 2026, el presidente Donald Trump firmó dos nuevas órdenes ejecutivas en materia migratoria: una busca acotar de nuevo el universo de personas que pueden acceder a la ciudadanía por nacimiento, y otra apunta directamente contra el llamado “turismo de parto”, la práctica de viajar a territorio estadounidense con el único fin de que un hijo nazca ahí y adquiera la nacionalidad. La medida llega apenas cinco semanas después de que la Corte Suprema tumbara, por seis votos contra tres, el primer intento del republicano de reinterpretar la Decimocuarta Enmienda.
El origen de la disputa
El conflicto arrancó el 20 de enero de 2025, el primer día del segundo mandato de Trump, cuando firmó la orden ejecutiva 14160, “Protegiendo el Significado y el Valor de la Ciudadanía Estadounidense”. El decreto pretendía negar la nacionalidad automática a los bebés nacidos en EU cuyos padres estuvieran de forma irregular en el país o contaran únicamente con visas temporales, como las de turista, estudiante o trabajo. Organizaciones como la ACLU, el Fondo de Defensa Legal (LDF), el Asian Law Caucus y la Democracy Defenders Fund impugnaron la medida casi de inmediato mediante una demanda colectiva que derivó en el caso Trump v. Barbara. Las cortes inferiores bloquearon la orden de manera unánime, calificándola en algunos fallos como “abiertamente inconstitucional”, por lo que nunca llegó a aplicarse.
El revés judicial
Tras escuchar los alegatos orales el 1 de abril de 2026, la Corte Suprema emitió su sentencia el 30 de junio. La mayoría, encabezada por el presidente del tribunal, John Roberts, concluyó que los hijos de personas presentes de forma irregular o temporal en el país sí están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por tanto, son ciudadanos desde su nacimiento conforme a la Cláusula de Ciudadanía de la enmienda. El fallo se apoyó en el precedente de 1898, United States v. Wong Kim Ark, que desde hace más de un siglo ha sido interpretado como la base jurídica de la ciudadanía por lugar de nacimiento (jus soli) en el país. Los jueces Clarence Thomas y Neil Gorsuch votaron en disidencia, mientras que Brett Kavanaugh coincidió en el resultado, pero por una vía distinta: consideró que la orden violaba una ley federal (8 U.S.C. §1401) más que la propia Constitución, y dejó una puerta abierta al señalar que el Congreso sí podría legislar excepciones adicionales sin necesidad de una reforma constitucional.
La situación legal y política, hoy
A la fecha, la ciudadanía por nacimiento sigue vigente sin cambios: cualquier persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana, sin importar el estatus migratorio de sus padres, y la sentencia de la Corte Suprema es definitiva e inapelable. Sin embargo, el litigio no ha terminado. Trump firmó el 6 de agosto dos nuevas órdenes ejecutivas de alcance más acotado que la original —una centrada en el “turismo de parto” y otra que vuelve a intentar limitar la elegibilidad a la ciudadanía—, además de exigir públicamente al Congreso, a través de su red Truth Social, que apruebe una ley para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. En el Capitolio, legisladores republicanos como el senador Jim Banks ya promueven iniciativas que retoman las excepciones históricas reconocidas en Wong Kim Ark —hijos de diplomáticos, de tribus indígenas no sometidas a jurisdicción estadounidense y de fuerzas enemigas en ocupación hostil— como posible ruta legislativa para restringir el beneficio sin chocar frontalmente con la Constitución. Organizaciones civiles como la ACLU ya han anticipado que impugnarán en tribunales cualquier nueva orden o ley que se aparte del fallo de junio. En resumen: el derecho está protegido hoy por la Constitución y por la Corte Suprema, pero sigue siendo blanco de una ofensiva política y legislativa que promete extenderse durante los próximos meses.
Cuántos mexicanos nacen en EU en estas condiciones
Los datos disponibles, elaborados principalmente por el Pew Research Center a partir de estadísticas oficiales, dan dimensión al debate. En 2023, de los 3.6 millones de bebés nacidos en Estados Unidos, alrededor de 300 mil tuvieron madres indocumentadas —el 8% del total— y la cifra sube a 320 mil, un 9%, si se suman los nacimientos de madres con estatus migratorio temporal. Entre 2006 y 2023 nacieron en el país cerca de 5.1 millones de menores de madres sin documentos, y ese mismo año 4.6 millones de niños nacidos en EU vivían con al menos uno de sus padres en situación irregular, la mayoría de origen mexicano y centroamericano, ya que México continúa siendo el principal país de origen de la población indocumentada en Estados Unidos, según el Instituto de Política Migratoria (MPI). Estimaciones previas de Pew ya ubicaban en alrededor de 340 mil el promedio anual de nacimientos de hijos de padres sin documentos, de los cuales una parte significativa corresponde a familias mexicanas asentadas en estados como California, Texas y Arizona. Respecto al llamado “turismo de parto” —mujeres que cruzan la frontera solo para dar a luz—, el propio MPI calcula que representa un fenómeno mucho más acotado: cerca de 26 mil casos de los 3.5 millones de nacimientos anuales en el país, es decir, menos del 1%, lejos de la magnitud que le atribuye el discurso oficial de la Casa Blanca.
Se espera lluvia de demandas
El litigio migratorio entra ahora en una fase de menor intensidad judicial, pero de mayor actividad política. Las nuevas órdenes ejecutivas firmadas por Trump ya anticipan una nueva ronda de demandas, mientras el Congreso analiza propuestas legislativas que buscan sortear el fallo de la Corte Suprema por la vía de excepciones específicas. Para las familias mexicanas con hijos nacidos o por nacer en Estados Unidos, el mensaje de las organizaciones de derechos civiles es claro: la Decimocuarta Enmienda continúa protegiendo la ciudadanía por nacimiento sin excepción alguna relacionada con el estatus migratorio de los padres, y cualquier intento de restringirla por decreto presidencial carece, hasta ahora, de validez legal.