Ciudad de México.- Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ratificó la noche del viernes 1 de agosto una orden judicial que impide temporalmente a agentes federales realizar detenciones migratorias en el área metropolitana de Los Ángeles sin motivos, lo que representa un nuevo revés a la estrategia migratoria impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump.
La decisión fue emitida por un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, quienes coincidieron en que existen fundamentos suficientes para considerar que las detenciones realizadas por agentes federales durante redadas iniciadas en junio pasado se basan de manera desproporcionada en factores como el perfil racial, el idioma (específicamente, hablar español), y el lugar de residencia o trabajo de las personas.
Los magistrados aseguraron que los demandantes “probablemente lograrán demostrar” que estas acciones violaron el derecho constitucional a la protección contra detenciones arbitrarias, consagrado en la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Igualmente señalaron que este tipo de prácticas, al parecer institucionalizadas, podrían repetirse sin una intervención judicial oportuna.
La orden judicial original fue emitida el pasado 11 de julio por la jueza Maame E. Frimpong, del Tribunal de Distrito de Los Ángeles, quien programó una audiencia para finales de septiembre con el fin de determinar si la medida cautelar debe convertirse en una orden preliminar de mayor alcance.
Mantiene Tribunal de EU restricciones a redadas antiinmigrantes en Los Ángeles
La demanda fue presentada por organizaciones defensoras de los derechos civiles, encabezadas por la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU) y Public Counsel. Acusan al gobierno de Trump de llevar a cabo operativos inconstitucionales desde principios de junio, que habrían derivado en la detención de casi 3,000 personas, incluyendo ciudadanos estadounidenses y residentes legales.
Los hechos que motivaron la demanda incluyeron operativos con agentes fuertemente armados, algunos de ellos enmascarados y sin insignias identificativas, quienes detuvieron personas en espacios públicos como paradas de autobús, estacionamientos, tianguis y tiendas minoristas como Home Depot. Las redadas también contaron con el respaldo de tropas de la Guardia Nacional, lo que incrementó el temor entre comunidades latinas.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó la decisión como “una victoria para el estado de derecho y para la ciudad de Los Ángeles”, y reiteró su llamado a la administración federal para poner fin a las prácticas que, a su juicio, atentan contra la unidad familiar y la dignidad de comunidades trabajadoras.
Durante la audiencia de apelación, los jueces cuestionaron al abogado del Departamento de Justicia, Yaakov Roth, sobre la legalidad de las tácticas empleadas por los agentes. Aunque Roth negó la existencia de políticas discriminatorias o de una cuota diaria de arrestos —un dato que había sido mencionado públicamente por un exasesor de Trump—, los magistrados solicitaron al gobierno presentar un informe aclaratorio. En respuesta, el Ejecutivo negó oficialmente la existencia de cuotas y sostuvo que las detenciones se basan en evaluaciones individuales.
Mientras tanto, aunque las redadas en Los Ángeles se han reducido desde la imposición de la orden judicial, los operativos continúan en otras zonas no cubiertas por la resolución, como el área de San Diego, donde se reportó un nuevo operativo el pasado 27 de julio.
El gobierno federal tiene ahora dos alternativas: solicitar la revisión del fallo ante el pleno del Noveno Circuito o acudir a la Suprema Corte de Justicia para buscar la suspensión de la orden vigente.
La resolución del tribunal refuerza la posición de los grupos demandantes, quienes sostienen que las acciones del gobierno constituyen una violación sistemática de los derechos constitucionales y demandan el cese inmediato de estas prácticas.
