• Noroña admite fallas en los filtros y la presidente Sheinbaum pide pruebas de abogados infiltrados con el crimen organizado
Ernesto Madrid
El escenario, de cara a los procesos electorales para elegir a los impartidores de justicia, hay una realidad, en México, los poderes judiciales federales y locales, han estado tradicionalmente desconectados de la ciudadanía, fomentando la desconfianza y la percepción de corrupción.
En el contexto, resulta que el problema tiende a profundizarse en lugar de corregirse, ya que el propio presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, admitió que hubo fallas en los filtros para los candidatos al Poder Judicial y se incluyeron perfiles ligados con el narco.
Lo delicado es que, además dijo que solo es una veintena de los candidatos a jueces que han defendido narcotraficantes y que impugnaran sus candidaturas, pero indicó que por el momento no revelará los nombres, pero, en caso, dijo y reitero, solo en caso, de ser retiradas, no podrán ser sustituidos.
La reciente reforma judicial, que propone la elección popular de jueces y magistrados, suscita interrogantes sobre su efectividad como cambio estructural ya que, la legitimidad política de los poderes judiciales depende de la independencia y la transparencia.
No obstante, la elección popular de jueces en 2025 se enfrenta a un grave peligro: la violencia político-criminal cuyo riesgo, que abarca desde amenazas y agresiones hasta asesinatos, no solo pone en peligro a los candidatos, sino también a sus equipos y familias.
La causa principal de esta violencia es la intención del crimen organizado de manipular el poder judicial, replicando la estrategia que ya ha empleado con éxito en gobiernos municipales. En esos casos, el crimen ha conseguido impunidad, control sobre recursos y dominio territorial.
“Ahora, el control de jueces permitiría al crimen organizado manipular procesos legales en su beneficio, traficar influencias y consolidar aún más su poder lo cual agravaría las ya existentes limitaciones del sistema de justicia, volviéndolo aún más desigual al favorecer a aquellos con los recursos para influir en las decisiones judiciales, marginando aún más a los sectores más vulnerables de la sociedad” destaca un análisis de México Evalúa.
La realidad contra el discurso oficial en la elección al Poder Judicial
En la actualidad, ocho estados específicos tienen altos niveles de presencia del crimen, mercados ilícitos activos, violencia política reciente y alta proporción de cargos en disputa (Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Michoacán y Colima) de acuerdo con un análisis de México Evalúa y siete entidades reportan un riesgo medio: Sonora, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala, identificados como zonas de alto riesgo, debido a la fuerte presencia del crimen organizado, con antecedentes recientes de violencia política y un alto número de puestos judiciales en juego.
A lo anterior, se suma que la más reciente entrega de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondiente al primer trimestre de 2025, evidencia que la percepción de inseguridad avanza en sentido inverso a las cifras de homicidio doloso, que muestran un sensible descenso.
En marzo pasado, 61.9% de la población de 18 años y más residente en las principales localidades del país consideró que es inseguro vivir en su ciudad, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y el gobierno federal informó que desde el inicio de la presente administración al 21 de abril se registra una disminución del 32.9% en el promedio diario de víctimas de homicidios dolosos, solo que no aclaro, porque los desaparecidos siguen incrementándose.
Ahora bien, pese a los esfuerzos académicos y de la sociedad civil por promover la transparencia judicial, el progreso ha sido limitado y si bien existen obligaciones legales de transparencia desde 2015, la desaparición del INAI ha debilitado los mecanismos de rendición de cuentas, dejando su cumplimiento en manos de las entidades locales.
Solo que presidente Claudia Sheinbaum sostiene que “tendría que presentarse pues todas las pruebas ¿no? de que es así. Pero hasta ahora quién tendría que definirlo es la última instancia, que es el Tribunal Electoral” y las instancias que se dedicaron a dejarlos pasar como el senado de la República, queda justificadas.
@JErnestoMadrid
