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Por Óscar Sánchez Márquez
Andrés Manuel López Obrador era por segunda ocasión candidato a la presidencia de la República en abril del 2010 cuando expresó: “Voy a hablar con los legisladores de nuestro movimiento, para que no se vayan a otorgar facultades excesivas al Ejército, ya estamos viendo cómo se están violando derechos humanos. Ya estamos viendo cómo inocentes están perdiendo la vida”.
¿Qué fue lo que pasó en 12 años que hizo cambiar al mismo Andrés Manuel López Obrador su visión respecto al papel de las Fuerzas Armadas en la vida pública del país?
Proveniente de la izquierda mexicana, el entonces candidato presidencial tenía en mente que no debería de otorgársele un papel preponderante al Ejército Mexicano, principalmente, por que, según el mismo, esa presencia creciente se traducía en violaciones a los derechos humanos e incluso en actos de abuso de poder.
La decisión que ha tomado ya como titular del Ejecutivo Federal, de hacer de las fuerzas armadas y en especial del Ejército Mexicano, su principal brazo operativo en el ejercicio de gobierno, lo coloca en el ojo del huracán, y no es para menos, porque la historia reciente está llena de hechos, públicos y muchos de ellos denunciados, sobre los excesos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas.
Ese es el temor real de propios y extraños, de seguidores y opositores a López Obrador y al gobierno federal en turno, de que ese creciente espacio de participación en la vida pública que se otorga a las Fuerzas Armadas devenga en situación que nos imaginamos pero que nadie quiere y que, lamentablemente, muchos saben que no es extraño que se repitan.
El 2 de octubre “no se olvida”, no es solo una arenga, es el grito presente de la memoria colectiva, como lo es la exigencia de justicia por el caso Tlatlaya, Estado de México, algunas de las acciones más atroces cometidas presuntamente por elementos militares en contra de la sociedad, que involucraron decisiones de políticos, con intereses políticos en momentos políticos, claves para México.