La “medida antifraude y antilavado” de los bancos que huele a simulación

Los bancos mexicanos se han vuelto expertos en el arte de la limpieza: se frotan las manos, las lavan y salen oliendo a legalidad. Esta semana, la Asociación de Bancos de México (ABM) anunció su nueva cruzada moral: a partir del 1 de julio de 2026, toda persona que deposite o retire más de 140 mil pesos deberá presentar una identificación oficial y un dato biométrico.

En teoría, la medida busca combatir fraudes y lavado de dinero. En la práctica, es otra jugada para quedar bien con Estados Unidos y distraer de los escándalos recientes. Y mientras tanto, en estos ocho meses de gracia, los fraudes a particulares seguirán ocurriendo con la misma naturalidad de siempre, sobre todo en bancos como BBVA y Banamex, donde las reclamaciones se resuelven con el elegante sello de la impunidad: “fue culpa del cliente”.

Con sus ejércitos de abogados prepotentes, que ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) sus cómplices per se, las instituciones bancarias seguirán justificando los robos, bloqueando los reclamos y blindando sus intereses. Porque en México, la banca no solo lava dinero, también lava responsabilidades.

El presidente de la ABM, Emilio Romano, aseguró que esta medida “va más allá de la regulación” y que busca “digitalizar la economía y combatir el uso de efectivo”. Una declaración tan solemne como conveniente, justo cuando varios bancos se encuentran bajo observación por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta participación en redes de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico.

Solo que, a estas alturas, algunos de esos bancos ya ni existen. CI Banco, por ejemplo, ya fue revocado y vendió todos sus activos; solo quedan residuos en manos del IPAB, que deberá liquidar lo que resta.

Intercam, por su parte, se deshizo de sus tres filiales en Estados Unidos, vendió su fondo de inversión, casa de bolsa y activos bancarios a Kapital, quedándose como un elegante cascarón financiero, con algo de capital, pero sin operaciones bancarias.

Aun así, la ABM presume “medidas contundentes” y “plataformas de información en tiempo real” para prevenir el lavado. Y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplaude, a pesar de haber impuesto sanciones por 185 millones de pesos a Intercam, CI Banco (en su etapa final) y Vector Casa de Bolsa, en el marco de una investigación internacional.

El monto suena fuerte, pero en un sistema que gana más de 300 mil millones de pesos al año, equivale a un coscorrón contable.

Y mientras el Banco de México intenta moderar las comisiones de las tarjetas para “impulsar la inclusión financiera”, los banqueros se quejan de que eso sería “un control encubierto de precios”. Quieren digitalizar la economía, sí, pero sin renunciar al control de la caja y sin que les toquen los márgenes.

Así que el guion se repite: anuncian medidas con olor a transparencia, pero que entran en vigor cuando ya nadie las recuerde. Los bancos ponen las reglas, la autoridad asiente y el usuario paga el costo.

Así, mientras las autoridades regulatorias intentan, con timidez, ajustar las tuercas, los bancos responden con la elegancia de quien dicta las reglas del juego: aceptan “corresponsabilizarse” de la bancarización, siempre y cuando puedan decidir cómo, cuándo y cuánto.

Porque en el sistema financiero mexicano, los fraudes se perdonan, las sanciones se descuentan y la reputación se limpia con comunicados de prensa.

Y mientras llega julio de 2026, los bancos seguirán haciendo lo que mejor saben hacer: lavar… pero no precisamente el dinero de otros, sino su propia conciencia.

Al final, lo de siempre: los bancos se frotan las manos… y luego se las lavan. Porque en México, cuando el dinero sucio pasa por caja, la culpa nunca cotiza en bolsa.