• La presencia silenciosa de autoridades estadounidenses en la Convención Bancaria revela un endurecimiento del escrutinio internacional, mientras persisten debilidades internas en el control de recursos y la concentración del sistema financiero.
Ernesto Madrid
La reciente edición de la Convención Bancaria 2026 dejó algunas dudas. Aunque el discurso oficial de la Asociación de Bancos de México (ABM) se limitó a un comunicado escueto de apenas dos párrafos, el trasfondo apunta a una realidad más compleja: el endurecimiento del escrutinio de Estados Unidos sobre el sistema financiero mexicano.
En el documento, los banqueros destacaron reuniones “rutinarias” del Comité de Compliance con autoridades como el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Office of Foreign Assets Control, la Financial Crimes Enforcement Network y el Internal Revenue Service. El tono institucional buscó proyectar normalidad: cooperación periódica para fortalecer la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Sin embargo, la narrativa oficial contrasta con el contexto. Cuestionado sobre posibles investigaciones adicionales, el presidente de la ABM, Emilio Romano Mussali, negó que existan nuevos bancos bajo la mira. La respuesta, más que disipar dudas, evidenció la cautela del sector ante una supervisión externa cada vez más directa.
La presencia de la OFAC —manejada con extremo sigilo durante el encuentro— no es un detalle menor. Este organismo, clave en la imposición de sanciones financieras globales, opera bajo una lógica de inteligencia y presión preventiva.
Funcionarios como Lisa Palluconi han mantenido una actividad constante en territorio mexicano, marcando una transición de advertencias diplomáticas a mecanismos de vigilancia estructurada.
La banca mexicana: vigilada por fuera, intocable por dentro
El antecedente es claro. Hace poco más de un año, instituciones como Vector, CIBanco e Intercam fueron objeto de sanciones derivadas de investigaciones del FinCEN. Hoy, la estrategia estadounidense no solo continúa, sino que se ha sofisticado mediante acuerdos bilaterales que obligan a resultados tangibles.
Dos movimientos recientes lo confirman. El primero, el memorándum entre la Unidad de Inteligencia Financiera y el brazo criminal del IRS, que permite el intercambio directo de inteligencia fiscal para rastrear operaciones transfronterizas y empresas fachada. El segundo, el fortalecimiento de la coordinación entre la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, encabezada por Ángel Cabrera, con el objetivo de corregir fallas históricas en la integración de expedientes.
Ambas acciones responden a la presión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que mantiene a México bajo evaluación constante. Desde Washington, el mensaje es inequívoco: la tolerancia a la autorregulación bancaria se ha agotado.
No obstante, mientras el foco internacional se centra en grandes operaciones y flujos ilícitos, en el ámbito interno persisten vacíos críticos. Recursos públicos —particularmente del Ramo 33 destinados a municipios— continúan siendo vulnerables a desvíos hacia redes criminales, derivando en esquemas de fraude que afectan directamente a ciudadanos, sin mecanismos efectivos de trazabilidad ni sanción.
A este escenario se suma la alta concentración del sistema bancario. Instituciones como BBVA México, Santander México, Banorte, Banamex y HSBC México concentran la mayor parte de activos, depósitos y utilidades. Se trata de un modelo que privilegia la rentabilidad sobre la intermediación financiera: captan recursos a bajo costo —principalmente vía nómina— y colocan crédito con altos márgenes o los canalizan a instrumentos gubernamentales.
El resultado, de acuerdo con el directivo de Grupo Mifel, Daniel Becker, es un sistema sólido en utilidades, pero limitado en impacto productivo. Las pequeñas y medianas empresas, motor de la economía, siguen enfrentando barreras de acceso al financiamiento.
Así, la Convención Bancaria dejó al descubierto una dualidad incómoda: mientras el sistema financiero mexicano se alinea —bajo presión— a estándares internacionales de vigilancia, en el frente interno persisten zonas grises donde el control institucional es débil y el costo lo asume, una vez más, el ciudadano.
@JErnestoMadrid
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