Un juez federal impuso la medida cautelar a Ramón Ángel Álvarez Ayala por delitos de narcotráfico y posesión de armas del Ejército
La Fiscalía General de la República define si lo imputará también por el homicidio del exalcalde de Uruapan
Ramón Ángel Álvarez Ayala, identificado por las autoridades mexicanas con el alias de “R1” y señalado como presunto líder de la célula criminal “Los Rs”, ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue enviado a prisión preventiva oficiosa la noche del sábado, tras una audiencia inicial en la que la Fiscalía General de la República (FGR) formuló imputación en su contra por delitos federales relacionados con narcóticos y armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
La decisión judicial llega apenas tres días después de su captura, ocurrida el jueves 30 de julio en un operativo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la colonia Los Naranjos, del municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco. Según el relato de las autoridades, el despliegue fue resultado de meses de trabajo de inteligencia, y durante la acción los escoltas del capo abrieron fuego contra los elementos federales, en un enfrentamiento que dejó al menos un agresor muerto antes de que se lograra la detención de Álvarez Ayala y de su presunto lugarteniente, Jesús Salvador Vela Salazar, conocido como “El Chuy”.
La imputación y la medida cautelar
De acuerdo con el comunicado difundido por la FGR, la audiencia inicial se desarrolló de manera privada y remota desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México. El Ministerio Público Federal expuso ante el juez de control los elementos con los que sustentó la probable responsabilidad de ambos detenidos en tres delitos: posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina, posesión de cartuchos y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
El juzgador, tras valorar los argumentos de la Fiscalía, determinó que existían elementos suficientes para vincular a ambos hombres a proceso y les impuso la prisión preventiva oficiosa —la figura que la ley reserva para delitos considerados de especial gravedad, como la delincuencia organizada y el tráfico de armas—, lo que implica que permanecerán privados de la libertad durante todo el proceso penal, sin posibilidad de solicitar una medida cautelar distinta.
La defensa de Álvarez Ayala pidió que se duplicara el término constitucional, un recurso legal que amplía el plazo original de 72 horas a un máximo de 144 para que el juez resuelva la situación jurídica de un imputado. Mientras corre ese plazo, tanto “R1” como “El Chuy” fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, uno de los penales de máxima seguridad del país y el mismo recinto que en el pasado albergó a figuras como Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Un expediente que, por ahora, no incluye el homicidio de Manzo
Un punto que las propias autoridades han subrayado es que la imputación formulada este fin de semana corresponde exclusivamente a los delitos relacionados con drogas y armas asegurados durante el operativo de captura. La FGR no ha presentado todavía cargos formales contra “R1” por el asesinato de Carlos Manzo, el exalcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el tradicional Festival de las Velas, en pleno Centro Histórico del municipio.
Autoridades federales y estatales han señalado extraoficialmente a Álvarez Ayala como el presunto autor intelectual de ese crimen, que conmocionó al país por la investidura del funcionario asesinado y por la violencia con la que se ejecutó. Se espera que en los próximos días la Fiscalía determine si presenta una imputación adicional en ese sentido, así como en el caso del homicidio de la influencer jalisciense Valeria Márquez, otro expediente en el que su nombre también ha sido mencionado por los investigadores.
Quién es “R1”
Según reconstruyen registros de seguridad y reportes periodísticos, Ramón Ángel Álvarez Ayala no es un nombre nuevo para las autoridades mexicanas. Su trayectoria en el crimen organizado se remonta al extinto Cártel de los Valencia, de donde después se desprendió hacia la estructura de “Los Cuinis”, el brazo financiero históricamente asociado al CJNG. Fue detenido por primera vez en noviembre de 2012 en Jalisco, junto con su hermano Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, cuando ya era señalado como un operador relevante dentro de la organización que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
Álvarez Ayala permaneció encarcelado cerca de una década por ese proceso, hasta que en noviembre de 2022 recuperó su libertad mediante una resolución judicial ejecutada de madrugada, en un episodio que en su momento generó cuestionamientos públicos por el horario inusual de su liberación. Tras salir de prisión, las autoridades sostienen que retomó el control de “Los Rs”, la célula que hoy se le atribuye y a la que se vincula con presencia armada en municipios de Michoacán y Jalisco, así como con el patrón de violencia que antecedió al crimen de Carlos Manzo.
La viuda del exalcalde, Grecia Quiroz, ha pedido públicamente a las autoridades que no se descarte una posible relación entre la captura de “R1” y la detención previa de otro implicado en el caso, identificado como “El Rino”, en el marco de la misma investigación por el homicidio de su esposo.
Continúan las indagatorias por parte de la Fiscalía General
Con la prisión preventiva oficiosa ya dictada, el proceso penal por los delitos de drogas y armas continuará su curso mientras el Ministerio Público integra la carpeta de investigación. En paralelo, la atención pública seguirá puesta en si la Fiscalía logra reunir los elementos necesarios para imputar formalmente a Álvarez Ayala por el asesinato de Carlos Manzo, el expediente que ha mantenido bajo escrutinio nacional a “Los Rs” y que, de confirmarse la autoría intelectual que se le atribuye, cerraría uno de los capítulos más seguidos de la violencia política reciente en México.