Detención. Extradición. Y desaparición de poderes. Esas tres palabras resumen la ofensiva que el Partido Acción Nacional (PAN) mantiene contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en medio de la crisis política más severa que enfrenta la entidad en los últimos años.
Este fin de semana, Rocha Moya pidió licencia indefinida al cargo, apenas un día después de haber reaparecido públicamente. La decisión no calmó al PAN. Al contrario, la dirigencia nacional del partido reforzó este domingo su exigencia: juicio político y desaparición de poderes en Sinaloa.
Golpe de último momento
“Una licencia no borra las acusaciones ni sustituye a la justicia”, advirtió el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, en un comunicado difundido este domingo. El dirigente panista cuestionó que Rocha Moya haya tomado y dejado el cargo “como si se tratara de una decisión exclusivamente personal”.
Romero fue más allá. Preguntó abiertamente quién gobierna realmente en México si, según dijo, nadie respaldó el regreso del mandatario sinaloense a Palacio de Gobierno.
La chispa: Anaya y el narco
El senador Ricardo Anaya Cortés, coordinador de la bancada panista, había encendido meses atrás la mecha de este conflicto. El legislador sostuvo que la elección de Rocha Moya en 2021 estuvo contaminada por la intervención del crimen organizado, señalamiento que —dijo— también alcanza a los comicios que renovaron el Congreso estatal y a la integración del Poder Judicial en Sinaloa.
Para Anaya, esa presunta injerencia del narcotráfico en los tres poderes locales es justamente lo que sustenta la solicitud de desaparición de poderes, una figura constitucional que ya fue planteada formalmente ante el Senado desde mayo pasado
Hoy, en el senado de la República, Ricardo Anaya dijo que plantean la desaparición de poderes en Sinaloa y ya se presentó la iniciativa. Aseguró que la elección de Rocha Moya estuvo viciada por la intervención del narco, al igual que las del Congreso y del PJ.
¿Qué exige el PAN?
La bancada blanquiazul ha sido puntual en sus peticiones desde que Estados Unidos acusó formalmente a Rocha Moya por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y la facción de Los Chapitos. El paquete de exigencias incluye:
- Detención con fines de extradición del gobernador con licencia.
- Juicio político que lo inhabilite hasta por veinte años para cargos públicos.
- Desaparición de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en Sinaloa.
- Aplicación inmediata del tratado de extradición vigente entre México y Estados Unidos.
Sheinbaum frena el proceso
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido en repetidas ocasiones que no existen, hasta ahora, pruebas suficientes para ejecutar una detención o abrir un proceso formal de extradición. La mandataria remite el tema a la revisión que realiza la Fiscalía General de la República sobre la información enviada por las autoridades estadounidenses.
Ese contraste —la exigencia panista frente a la cautela del gobierno federal— mantiene el caso en un punto muerto que la oposición explota políticamente cada semana.
Cronología que pesa
El expediente contra Rocha Moya no es reciente. El 29 de abril, fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaron una acusación formal contra el gobernador y otros nueve funcionarios sinaloenses por presunta conspiración para importar fentanilo y posesión de armas. La detención de Ismael “El Mayo” Zambada, en julio, tensó aún más la relación bilateral y reactivó el debate sobre la soberanía nacional frente a las presiones de Washington.
En agosto, Rocha Moya protagonizó un vaivén político: primero se reincorporó al cargo desafiando las acusaciones, y un día después solicitó una nueva licencia indefinida, avalada por el Congreso de Sinaloa.
La amenaza de López Rabadán
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, subió el tono este fin de semana. Advirtió que, de no existir respaldo del gobierno federal al regreso de Rocha Moya, sería necesario activar “todos los mecanismos legales y parlamentarios” para declarar la desaparición de poderes en el estado.
La legisladora panista calificó la situación como una auténtica encrucijada para el país.
Sinaloa, entre licencias y violencia
Mientras la disputa política avanza en la Ciudad de México, Sinaloa continúa registrando una escalada de homicidios y desapariciones vinculada a la fractura interna del Cártel de Sinaloa. Para el PAN, esa violencia es la prueba más contundente de que, según su narrativa, el crimen organizado penetró las instituciones estatales antes, durante y después del proceso electoral de 2021.