Ciudad de México.- Con el objetivo de establecer una nueva autoridad de competencia económica en México que sea efectiva, independiente y legítima, la International Chamber of Commerce México (ICC México), presenta ocho recomendaciones clave para guiar su desarrollo y funcionamiento, donde se destaca la importancia de su independencia del gobierno y de intereses empresariales, así como de una estructura y presupuesto que garanticen su autonomía técnica y capacidad para tomar decisiones imparciales. Ante el anuncio realizado en el Congreso de la Unión para votar esta semana la desaparición de siete Organismos Constitucionales Autónomos, y la transferencia de sus facultades y obligaciones a diversas dependencias del Gobierno Federal y al Inegi, de acuerdo con las reformas dictaminadas positivamente en agosto pasado, ICC México propone estas recomendaciones para que la nueva autoridad de competencia económica pueda promover un entorno de mercado justo y competitivo, a la vez que sea efectiva, legítima e independiente.
ICC México propone recomendaciones para establecer una autoridad de competencia económica
En primer lugar, se subraya la importancia de que la autoridad opere de manera independiente en un sentido técnico, para lo que se debe asegurar una estructura, operación y presupuesto que garanticen su autonomía técnica, permitiendo así decisiones imparciales y basadas en las pruebas y análisis de mercado que se realicen de forma profesional por personal con capacidad y experiencia en la materia. Se estima que un cuerpo colegiado, compuesto por personas que hayan demostrado de manera fehaciente y pública una amplia experiencia y conocimientos en la materia, y que cuenten con nombramientos de al menos siete años, contribuiría a garantizar la independencia técnica de la institución. Además, es fundamental definir con claridad los objetivos de la autoridad, que debería estar enfocado a la protección del proceso de competencia económica en nuestro país y sus efectos sobre el bienestar de los consumidores. Esta claridad orientará las decisiones y la priorización de casos, asegurando que las acciones de la autoridad estén alineadas con sus metas establecidas. Para evitar sesgos en el análisis de casos y asegurar un proceso justo, se recomienda la separación interna de las funciones de investigación y adjudicación, promoviendo así la objetividad y equidad en la resolución de casos.
