• La eliminación de la cuota de intercambio en gasolineras, anunciada por el gobierno federal, se presentó como un alivio para los consumidores. Pero el acuerdo, negociado desde la Convención Bancaria de marzo, revela un objetivo más profundo: fortalecer el control del sistema financiero sobre el dinero que circula en México.
Ernesto Madrid
El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la eliminación de comisiones en pagos con tarjeta en gasolineras fue presentado como una medida para ayudar a contener la inflación. Sin embargo, detrás de la narrativa oficial hay un acuerdo que en realidad se negoció desde marzo, durante la Convención Bancaria, donde gobierno y banqueros comenzaron a delinear un nuevo capítulo en la relación entre el sistema financiero y el dinero de los mexicanos.
El acuerdo consiste en eliminar temporalmente —del 1 de mayo al 31 de octubre— la llamada cuota de intercambio, un cargo interbancario que representaba alrededor del 80% de las comisiones que las gasolineras pagaban cuando un cliente utilizaba tarjeta de crédito o débito.
En términos simples, no era un cobro directo al consumidor. Era una tarifa que el banco del comercio pagaba al banco emisor de la tarjeta por procesar la operación. En México, esta cuota llegó a promediar 1.36% por transacción, una de las más altas del mundo frente a niveles cercanos a 0.2% en otras economías. Pero su impacto real es limitado.
El argumento del secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, es que la medida ayudará a contener el precio de los combustibles en medio de las presiones internacionales derivadas de los conflictos en Medio Oriente. Sin embargo, la cuota de intercambio nunca fue un costo visible para el consumidor. Era un cargo operativo que enfrentaban los gasolineros y que rara vez se trasladaba íntegramente al precio del litro de gasolina.
Por ello, su eliminación difícilmente se reflejará en un cambio perceptible en los precios. En los hechos, el beneficio económico para los usuarios será marginal. La narrativa pública apunta a la inflación. Pero la lógica financiera apunta a otro lado.
Durante el anuncio, el presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano Mussali, dejó claro que este acuerdo forma parte de una estrategia más amplia: reducir el uso de efectivo en la economía mexicana. Y ahí aparece el verdadero interés de la banca.
Gasolina sin comisión: el negocio oculto de la banca
El efectivo fuera del sistema financiero es dinero que los bancos no pueden utilizar para fondear operaciones, generar rendimientos o especular en los mercados. Cuando ese dinero se digitaliza —a través de tarjetas, transferencias o aplicaciones— permanece dentro de las cuentas bancarias. Es decir, se convierte en la materia prima del negocio bancario.
Mientras más transacciones se digitalizan, más depósitos permanecen en el sistema y mayor es la capacidad de los bancos para generar utilidades con recursos que, en realidad, pertenecen a los usuarios.
El problema es que esa liquidez no necesariamente se traduce en crédito productivo. En México, el sistema bancario mantiene niveles de rentabilidad elevados, pero el financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas sigue siendo limitado. Diversos funcionarios del sector regulador reconocen que los bancos prefieren mantener una política conservadora frente a un entorno de incertidumbre económica, inseguridad y volatilidad global.
En otras palabras, captan el dinero de la economía real, pero asumen pocos riesgos para financiarla. Gran parte de esos recursos termina colocado en instrumentos financieros o deuda pública, donde la rentabilidad es segura.
Para el gobierno, la digitalización también tiene ventajas. Cada pago electrónico deja un registro que permite rastrear movimientos financieros, detectar operaciones sospechosas y combatir actividades vinculadas al crimen organizado. Pero el argumento tiene una paradoja evidente.
El propio sistema financiero ha sido señalado en múltiples ocasiones por servir como canal para operaciones de lavado de dinero, fraudes financieros y redes de extorsión, lo que demuestra que la digitalización no elimina los riesgos del dinero ilícito; simplemente los desplaza hacia estructuras más sofisticadas.
Por eso la eliminación de la cuota de intercambio en gasolineras debe leerse con cuidado. No se trata de una reforma estructural en el precio de los combustibles ni de un cambio profundo en la política de comisiones bancarias.
Es, más bien, una concesión temporal que la banca puede permitirse para avanzar en un objetivo mucho mayor: que cada peso que circula en la economía pase por el sistema financiero.
El gobierno gana una narrativa contra la inflación. La banca gana más dinero dentro de sus balances.
El consumidor, en cambio, apenas notará la diferencia al pagar la gasolina. Porque la verdadera ganancia del acuerdo no está en la comisión que desaparece, sino en el dinero que cada vez saldrá menos de los bancos.
@JErnestoMadrid
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