El senador Ricardo Monreal denunció el caso de los seis jóvenes el 19 de noviembre y puso en evidencia la aplicación del delito de ultrajes a la autoridad
México.- Sobre la violación de derechos humanos cometidos por servidores públicos en agravio de seis jóvenes en Veracruz, la Fiscalía General del Estado (FGEV), que encabeza Verónica Hernández Giadáns, aceptó la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hecha al gobernador Cuitláhuac García por la detención arbitraria y la imputación indebida de quienes fueron privados de su libertad y acusados del delito de ultrajes a la autoridad.
La CNDH emitió su recomendación 146/2021 el 30 de diciembre, sobre violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la libertad personal de los seis jóvenes, luego de que el 19 de noviembre el senador denunciara el caso y señalara que en Veracruz un nuevo delito inconstitucional estaba de moda, el de ultrajes a la autoridad, y se han integrado carpetas de investigación a través de las cuales se han privado de su libertad a personas.
La fiscalía estatal reconoció “las irregularidades señaladas”, mismas que han tenido amplia difusión y el rechazo unánime de distintos sectores del país, y se comprometió a dar cumplimiento “en su totalidad” a la recomendación en la que la CNDH pidió se denuncie ante la misma FGEV para que se proceda penalmente contra los responsables de los hechos violatorios a los seis jóvenes y que se reparen los daños a las víctimas.
Fiscalía de Veracruz reconoce violación de derechos humanos señalados por la CNDH
Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos exigió la derogación del delito de ultrajes a la autoridad para evitar nuevas violaciones a los derechos humanos, como lo había solicitado días antes el senador Ricardo Monreal, quien envió un exhorto al Congreso de Veracruz para que derogue el artículo 331 del Código Penal que establece el tipo penal que es inconstitucional porque afecta los principios de legalidad y seguridad jurídica de las personas, pues los conceptos “amenaza” y “agresión” son amplios y carecen de una definición específica, por lo que generan falta de certeza en cuanto a las acciones que se consideran penalmente reprochables y llevan a las autoridades a una interpretación y aplicación arbitraria.
En su recomendación, la institución defensora precisó que en el caso de los jóvenes se vulneró el derecho humano de acceso a la justicia al no existir, por parte de las autoridades responsables de la Fiscalía General del Estado, una valoración objetiva de las evidencias contenidas en el proceso penal, ya que “no existe ninguna duda de que la puesta a disposición de los elementos de la SSP de Veracruz se apartó de la verdad.”
Además del asunto de los jóvenes que permanecieron cerca de cuatro meses en prisión de manera injusta, la CNDH también indaga el caso José Manuel del Río Virgen, detenido el 22 de diciembre y vinculado a proceso en Veracruz por el presunto homicidio del candidato del municipio de Cazones de Herrera, sin que exista una sola prueba que lo impute, salvo conjeturas del juez Francisco Reyes Contreras, quien lo mantiene en prisión.
Diversos organismos civiles, como los colegios y barras de abogados, además de Artículo 19, han señalado que en el estado de Veracruz, gobernado por Cuitláhuac García, el delito de ultrajes se ha empleado por diversas autoridades estatales para restringir la labor periodística, el ejercicio de la protesta y el derecho a la libertad de expresión en general.
