Ciudad de México.- La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, informó que se enviará a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, que permita a los partidos políticos detectar posibles vínculos de aspirantes con la delincuencia organizada rumbo a las elecciones de 2027.
Durante la Mañanera del Pueblo de este 21 de mayo, explicó que la propuesta contempla que dicha comisión esté adscrita al Instituto Nacional Electoral (INE), y estaría integrada por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General para un periodo de tres años.
Detalló que esta comisión funcionaría como enlace entre los partidos políticos que decidan participar voluntariamente y diversas autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, entre ellas el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
De acuerdo con la funcionaria, los partidos entregarían de manera voluntaria las listas de aspirantes a candidaturas para que las autoridades realicen una revisión y determinen si existe o no un “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada.
Precisó que las dependencias únicamente informarían si existe o no dicho riesgo, sin revelar detalles de investigaciones o expedientes. Posteriormente, la comisión comunicaría a los partidos los resultados y señalaría qué instituciones detectaron posibles riesgos, dejando en manos de cada fuerza política la decisión final sobre registrar o no la candidatura.
Estudian reforma para detectar vínculos de candidatos con la delincuencia organizada
Asimismo, indicó que las personas aspirantes deberán manifestar su consentimiento para ser evaluadas por esta comisión como requisito obligatorio ante el partido que las postule, independientemente de que el instituto político decida o no someter el caso a revisión.
La consejera jurídica subrayó que todo el procedimiento se desarrollará bajo estrictas condiciones de confidencialidad y que la información proporcionada por las autoridades tendrá carácter reservado para no afectar el debido proceso.
Finalmente, aclaró que se trata de una reforma legal y no constitucional, por lo que únicamente requerirá modificaciones a la legislación electoral vigente.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que su gobierno aprovechará el próximo periodo extraordinario del Congreso de la Unión, convocado inicialmente para discutir las modificaciones relacionadas con la reforma al Poder Judicial y el aplazamiento de la elección judicial al año 2028, para enviar esta iniciativa.
Indicó que esta propuesta formaba parte originalmente del llamado “Plan A”, en el que se planteaban diversas reformas orientadas a fortalecer la democracia y el proceso electoral de 2027, aunque varias de ellas no pudieron concretarse tras no ser aprobada.
“Venimos trabajando ya una propuesta desde hace tiempo que vamos a aprovechar que se reúne el periodo extraordinario para presentarla. Esta propuesta en realidad venía en el Plan A, si se acuerdan. Hicimos varias propuestas para fortalecer la democracia y fortalecer la elección del 2027 en el país. Ahí hablábamos de democracia participativa y muchos temas que, al no aprobarse el Plan A, ya no pudieron presentarse posteriormente”, afirmó.
Además, reiteró que el objetivo de la iniciativa es evitar que personas con posibles vínculos con la delincuencia organizada lleguen a competir por cargos públicos, luego de diversos casos detectados desde el inicio de su administración.
“Hemos vivido, desde que entramos, algunos casos —y lo subrayo, algunos casos— de vínculo entre algunas presidencias municipales y la delincuencia organizada”.
La presidenta recordó casos registrados en distintas entidades, entre ellos la llamada Operación Enjambre en el Estado de México, donde autoridades detectaron presuntos vínculos de funcionarios municipales con actividades delictivas; además de las detenciones de los alcaldes de Teuchitlán y Tequila, así como hechos recientes ocurridos en Morelos.
“Mucho de esto fue denuncia que me hizo la ciudadanía y que yo pedí que hubiera investigación […] Obviamente, todo tiene que estar en el marco de la presunción de inocencia que marca nuestra Constitución y las leyes”, aseguró.
La mandataria insistió en que se trata de casos aislados y no de una situación generalizada; sin embargo, consideró necesario establecer mecanismos preventivos de cara al proceso electoral de 2027.
“Pero es importante, si vamos a tener elección en el 2027, que se presente algún mecanismo que permita a los partidos políticos saber si una persona que se postula por el partido tiene o no algún antecedente”, dijo.