Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este 17 de octubre envió al Congreso de la Unión el proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión, con el objetivo de complementar la reforma constitucional para armonizar las normas y los esfuerzos del Gobierno de México para enfrentar y frenar el avance de este delito en el país.
Durante la Mañanera del Pueblo, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, informó que con las modificaciones se eleva a categoría de ley la estrategia para prevenir y combatir delito de extorsión que ha dado resultados.
La consejera recordó que, el pasado 9 de octubre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al artículo 73 de la Constitución que otorgó facultades al Congreso de la Unión para emitir una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar este delito, y que se desarrolló este planteamiento a través de una mesa técnica integrada por varias dependencias del gobierno mexicano.
En este sentido, señaló que uno de los principales elementos de la propuesta es que el delito de extorsión sea perseguido de oficio en todas las entidades federativas y a nivel federal, eliminando la dependencia de que exista una denuncia formal para iniciar la investigación.
Envía presidenta Sheinbaum iniciativa de reforma contra la extorsión
Asimismo, agregó que se pretende que la extorsión sea sancionada con penas de entre 6 a 15 años dependiendo de los agravantes, además de unificar el tipo penal y las sanciones en las legislaciones estatales.
De igual forma, el proyecto busca establecer por disposición legal una mayor coordinación entre las diferentes instancias competentes y los tres niveles de gobierno.
“La iniciativa de ley comprende, sustantivamente, la coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, un tipo penal básico, todos los elementos y previsiones para la investigación, persecución, sanción y ejecución penal”, expuso Godoy.
Finalmente, explicó que se pretenden adecuaciones al Código Penal Federal, al Código de Procedimientos Penales, a la ley federal contra la delincuencia organizada y a la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
Esta iniciativa contribuye a la política nacional que busca combatir, enfrentar y frenar el avance de este fenómeno delictivo que ha afectado a nuestra sociedad y que requiere una intervención reforzada y coordinada de las instituciones del Estado mexicano”, sentenció Godoy Ramos.
