Ernesto Madrid
El sismo de 2017 se convirtió en la oportunidad para que funcionarios y empresarios de la entidad se hicieran millonarios mediante la corrupción y aprovechándose de la esperanza de cientos de familias que aún no han podido acceder a una vivienda digna. De los 15 mil millones que les otorgó la federación para la reconstrucción, gran parte fuE a parar a las bolsas de los oportunistas.
“Contratos millonarios de adjudicación directa, funcionarios que recibieron ‘moches’ de los contratos para construir escuelas, proveedores cobraron facturas sin entregar los insumos o subieron el costo de los materiales sin control, algunos particulares lograron múltiples ayudas indebidamente, pero ‘los más pobres, los dueños de nada’, fueron discriminados y apartados de la ayuda precisamente por no tener una propiedad”.
En Morelos, corrupción y burocracia; millones de pesos sin comprobar y damnificados sin esperanza
La anterior conclusión se desprende de diversas auditorías que registran posibles desfalcos por mil 893.8 millones de pesos en obras inexistentes, de menor calidad, inoperables, recursos que no se entregaron o no se justificaron, y se desconoce el destino de 743 millones de pesos, sin embargo, éstas no van por el dinero y no proceden con las denuncias y la realidad del caso es que los responsables viven impunes y con el dinero para los damnificados en la bolsa revela una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Al final del camino la realidad es que estuvieron a disposición de 15,887 millones de pesos de ayuda, 2,637 millones posiblemente desviados, 46.5 millones en investigación estatal y 0 pesos en lo federal.
Y todo, porque tanto el exgobernador Graco Ramírez como el actual, Cuauhtémoc Blanco, omitieron comprar terrenos para atender a las familias daminificadas debido a que jamás hubo padrones confiables. El padrón de UXM presenta anomalías en 40% de acuerdo con declaraciones del vicefiscal anticorrupción a MCCI. La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) informó que al padrón de beneficiarios de Jojutla y Zacatepec le faltó uno o todos los requisitos.
Lo grave del caso es que la bolita va de una administración a otra porque en la entidad las dos instancias encargadas de combatir la corrupción están enfrentadas, la ESAF está asociada al gobernador Cuauhtémoc Blanco y la Fiscalía Anticorrupción al exgobernador Graco Ramírez ya que el actual fiscal Juan Salazar fue su consejero jurídico.
Y mientras se culpan unos a otros, miles de damnificados de un terremoto de hace cinco años siguen con la intención de recibir ayuda y o al menos una esperanza.
