Ernesto Madrid
El costo del programa Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBPAM) alcanzará los 2.08 billones de pesos en 2050, es decir, 138.5% más, en términos reales, que el presupuesto aprobado para dicho programa en 2024 (465.0 mil millones de pesos).
Lo delicado del caso es que las reformas propuestas en materia de pensiones tienen implicaciones fiscales, económicas y un impacto para las generaciones futuras que no se mencionan en la justificación de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal.
Lo anterior se desprende de un análisis realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en el que precisa que, de acuerdo con las proyecciones del Conapo, en 2050 la razón de dependencia por vejez en México será de 25.7% lo que significa que por cada 100 personas en edad laboral (15 a 64 años) en ese año, habrá 25.7 personas de 65 años o más, el doble de la cifra actual (12.8 personas).
En 2050 habrá el doble de adultos mayores y costo de la pensión será de 2.08 bdp
Lo cierto es que ante las presiones fiscales que enfrenta actualmente el sector público federal el IMCO se dio a la tarea de analizar la iniciativa de reforma constitucional en materia de bienestar y la iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución por sus implicaciones para las finanzas públicas y la competitividad de México.
Lo que contempla el artículo 4to, es que se reduce de 68 a 65 años la edad para que la población pida su pensión con cargo al erario del (PBPAM), que, en 2024, el monto de la pensión será de 3 mil pesos mensuales pagados bimestralmente, y su presupuesto anual será de 465.0 mil millones de pesos (mmdp).
Ahora bien, el artículo 123º establece que el Estado mexicano garantizará que la pensión que reciban los trabajadores sea igual a su último salario base de cotización, hasta por un monto equivalente al salario promedio de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social –IMSS– (16,777.68 pesos). Esto sin importar los fondos que dichos trabajadores acumularon a lo largo de sus trayectorias laborales en las cuentas de ahorro para el retiro gestionadas por las administradoras de fondos para el retiro (Afores).
¿CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES?
El problema está en que las políticas propuestas para incrementar las pensiones de los trabajadores mexicanos, así como garantizar una pensión no contributiva a todas las personas de 65 años o más, tienen implicaciones fiscales, económicas e intergeneracionales que no se mencionan en la exposición de motivos de la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal.
La primera, que tendrá implicaciones fiscales ya que aprobarse estas reformas implicaría que el Estado mexicano asuma un pasivo contingente que se incrementará al ritmo de crecimiento de la población de adultos mayores en el país, el cual será significativo a lo largo de los siguientes años y el costo para el erario de otorgar una pensión no contributiva a todas las personas mayores de 65 años en 2050 ascenderá a 2.08 billones de pesos.
En 2050 habrá el doble de adultos mayores y costo de la pensión será de 2.08 bdp
Solo en 2024 se asignaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) un total de 1.96 billones de pesos para el pago de pensiones, de los cuales 1.50 billones de pesos corresponden a pensiones contributivas y 465.0 mmdp al PBPAM.
Este monto, que equivale a una quinta parte (21.7%) del gasto neto total aprobado o 5.7% del PIB estimado para ese ejercicio fiscal, es 141.2% mayor en términos reales al observado en 2013 (490.0 mmdp).
Esto podría incidir de manera adversa en la competitividad y el crecimiento económico de México, afectando el bienestar de distintos sectores de la población que impactaría en el gasto destinado a áreas fundamentales como educación, salud y seguridad y que por otro lado, un aumento de impuestos para financiar dicho incremento en el gasto afectaría a un número cada vez menor de personas en edad laboral.
¿QUÉ PROPONE IMCO?
Uno, Focalizar el programa de Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBPAM) que dotaría de progresividad al programa al beneficiar más a la población de menores ingresos al tiempo que reduciría su costo para la hacienda pública.
Y dos, Impulsar una reforma fiscal que asegure la sostenibilidad del gasto en pensiones, ya que los recursos que piensa obtener el gobierno para el fondo “no son recurrentes y difícilmente podrán mantener el ritmo de expansión del gasto en pensiones”, lo que hace necesario una estrategia fiscal que genere ingresos regularmente.
