Ernesto Madrid
Mientras abogados, especialistas y empresarios avalan la eliminación de prisión preventiva, el presidente Andrés Manuel López Obrador no está de acuerdo y adelantó que buscará que la defraudación fiscal se convierta en un delito grave para incluirla nuevamente en el catálogo de crímenes que a la ameritan.
Entre sus argumentos destacó que en el fondo la realidad es que son personas que ‘le están robando al pueblo’ por lo que señaló “que no estén pensando que ya hubo la modificación -porque- hay que buscar la forma de reformar la Constitución para que vuelva otra vez…
“Volver de nuevo a una iniciativa, pedir a los constitucionalistas que nos orienten de cómo hacerle para que sea delito grave la defraudación fiscal, que no sea un asunto que no se tenga que ventilar por la vía civil, sino penal” arremetió.
En contraste, el sector empresarial dijo que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de eliminar la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales, abona a la certeza jurídica en el país.
Con base en un comunicado de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) destacó que era una medida inconstitucional, violatoria de los derechos humanos que atentaba contra la presunción de inocencia.
Además, advirtieron que pugnaran para que “las resoluciones de la Suprema Corte mantengan esa independencia e imparcialidad frente a presiones políticas o de cualquier otra índole” y celebraron que los argumentos expuestos por su confederación mediante un ‘Amicus Curiae’ hayan sido atendidos.
Eliminación de prisión preventiva no convence a AMLO
En el entuerto los abogados especialistas resaltan que son los empresarios los que cometen más delitos de defraudación fiscal ya que “son ellos los que simulan o provocan estados de insolvencia patrimonial que imposibiliten el cobro de impuestos”.
Por eso, y en contra de este sector, el presidente señaló que solo se justifica atender la defraudación fiscal por la vía civil cuando se trata de robos por herencias, pero cuando el asunto no es privado se debe recurrir a la vía penal porque constituye un caso de corrupción.
“Son fraudes que se están combatiendo, pero era una práctica común, volvemos a lo mismo, lo de los factureros, es una vergüenza que se detuvo, llegamos y consideramos que se frenaron porque se desataron desde el gobierno de Calderón y en el gobierno del presidente Peña fue excesivo lo de las facturas falsas, un fenómeno de 10 años”.
Para el abogado especialista en derechos humanos Luis Tapia también es una aproximación que se queda corta: “La prisión preventiva oficiosa es una figura que afecta de forma diaria, que tiene a miles de personas en la cárcel, que distorsiona el sistema penal mexicano, que rompe varios derechos y que combinado con otras figuras, como el procedimiento abreviado, está facilitando que personas inocentes terminen aceptando una condena sin que haya evidencias, por la presión que les genera estar en prisión preventiva”.
Y arremete con la postura del presidente Obrador al señalar que “me parece que los argumentos no son suficientes, que es una falsa salida, porque no se está haciendo cargo del problema que es que está en la Constitución. La Corte Interamericana puede apuntar a que México está haciendo una simulación en este tema”.
Lo cierto es que, en la sesión del 24 de noviembre, el pleno de la Suprema Corte declaró inconstitucional por mayoría calificada la Prisión Preventiva Oficiosa en delitos fiscales, entre los que se incluye a factureros, defraudadores fiscales y contrabandistas.
