• Mientras la extorsión se consolida como un costo estructural para empresas y empleo formal, el discurso oficial sobre el fin de los privilegios en la nueva Corte enfrenta cifras que matizan —cuando no contradicen— la narrativa de austeridad.
Ernesto Madrid
La extorsión se ha convertido en uno de los principales lastres para la actividad económica en México. No es una percepción ni un fenómeno coyuntural: al cierre de 2025, los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) confirman que este delito creció en 20 de las 32 entidades del país, es decir, en casi dos tercios del territorio nacional.
De acuerdo con cifras recopiladas por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), el número anual de víctimas de extorsión pasó de 6 mil 223 en 2015 a 11 mil 81 en 2025, un incremento de 78.1% en una década. Y eso solo considera los casos denunciados. Al incorporar la llamada “cifra negra”, la dimensión real del problema sería considerablemente mayor.
La concentración territorial del delito revela fallas estructurales en su contención. Cinco entidades —Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz— concentran 65.2% de las víctimas, mientras que las 10 entidades con mayor incidencia acumulan el 81% del total nacional. Los incrementos más pronunciados durante 2025 se registraron en Tlaxcala (1,300%), Chiapas (364.3%), Ciudad de México (264.4%), Nayarit (171.4%), Yucatán (100%) y Puebla (84.4%), con variaciones de dos y hasta tres dígitos.
El impacto directo en el sector productivo es evidente. Datos de #DataCoparmex señalan que 46.8% de las empresas fue víctima de al menos un delito, siendo la extorsión el segundo más frecuente. En 68.8% de los casos, el contacto se realizó vía telefónica, y en 31.2% de las denuncias el cobro estuvo vinculado con autoridades o personas que aparentaban serlo, lo que profundiza la desconfianza institucional y encarece la operación cotidiana de los negocios.
El país bajo extorsión y la austeridad a prueba
En este contexto de presión creciente sobre empresas, empleo e inversión, el debate público se ha desplazado hacia el discurso de la austeridad y el fin de los privilegios en las instituciones del Estado. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que “sí se acabaron los privilegios en la nueva Corte”, comparando los salarios actuales de los ministros —134 mil 310 pesos mensuales— con los de la “Corte del pasado”, que alcanzaban 206 mil 947 pesos, además de beneficios como seguros de gastos médicos mayores, apoyos alimentarios y otros estímulos hoy cancelados.
Sin embargo, los datos disponibles cuentan una historia más compleja. En apenas cuatro meses y medio de funciones, los nueve ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación no han destacado por resoluciones de alto impacto, pero sí por un gasto superior a 23.1 millones de pesos en camionetas blindadas, togas de alto costo y una ceremonia indígena de toma de protesta que implicó una erogación de un millón 254 mil pesos.
La adquisición de más de 500 vehículos por parte del Poder Judicial, el aumento en el número de asesores y equipos de trabajo, así como gastos suntuosos en alimentos y servicios, han encendido alertas entre especialistas, quienes advierten que, pese al discurso de contención, la nómina y el gasto operativo de la nueva Corte podrían terminar siendo incluso más elevados que los de su antecesora.
La contradicción se vuelve más evidente cuando estas decisiones se conocen no por mecanismos de transparencia institucional, sino por filtraciones, como ocurrió con la fotografía que reveló el costo de las camionetas blindadas. Todo ello en medio de un relato que insiste en la cercanía con el pueblo y en la renuncia a los excesos del pasado.
Así, mientras la extorsión avanza como un problema estructural que asfixia a empresas y regiones enteras del país, y mientras se presume el fin de los privilegios desde el discurso oficial, los números —tanto en seguridad como en gasto público— sugieren que la austeridad sigue siendo, cuando menos, selectiva. Porque en México, al parecer, los problemas de fondo no se resuelven con retórica, y los privilegios no siempre desaparecen: a veces solo cambian de justificación.
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