Ernesto Madrid
México.- El Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa elaborado por la secretaria de Gobernación dependencia que asumió el mandato presidencial (CoVAJ) revela sólo quienes fueron los que participaron en la matanza aquel 27 y 28 de septiembre de 2014, pero no resuelve cuales fueron las causas que llevaron a los acontecimientos del secuestro y la masacre.
Señala que solo se llevó a cabo el ‘debido’ esclarecimiento de los hechos para conocer, ‘solo’ la verdad de lo que dijo ‘la Verdad Histórica’ de lo sucedido y el paradero de los estudiantes y, encontrar y procesar a los responsables, mas no de las causas que propiciaron el delito y propio presidente Andrés Manuel López Obrador así lo reconoció en su conferencia del pasado lunes.
“Le voy a pedir a Encinas que este aquí, -quizás este miércoles- para que informe de manera amplia lo que hace falta aclarar bien, hablar de la sustancia”, dijo el mandatario federal y habrá que esperar si entonces se llegó a las verdaderas causas del caso.
En la justificación del documento de 103 páginas más sus 8 anexos también extensos, no se hace hincapié de cual fue la o las causas por las que se tuvo que llegar a ese grado, lo que si queda claro es que fue un golpe de estado a los derechos humanos no sólo de los asesinados, sino de las familias, que emocionalmente fueron masacradas al igual que la sociedad que permanecieron atentos, mientras el gobierno anterior, sólo querían que se conformarán con la “Verdad Histórica”.
En aquel entonces, en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, solo se percibe una actitud de soberbia de su gabinete para poder deslindarse de la ‘mea culpa’, tal como ha ocurrido en otras experiencias como la masacre de Aguas Blancas, en Guerrero, en 1995, donde fueron asesinados 17 campesinos o la matanza de Acteal, en 1997, donde un grupo paramilitar vinculado al gobierno estatal asesinó a 45 indígenas tzotziles.
El informe de los quiénes, pero no de las causas de Ayotzinapa
Lo único que hizo la diferencia, porque tampoco se llegó a las causas, es la renuncia dl gobernador de Guerrero Rubén Figueroa y del entonces secretario de Gobernación Emilio Chuayfett, pero en está ocasión el entonces mandatario de la entidad donde ocurrieron los hechos Ángel Heladio Aguirre, no fue tocado porque quizás consideraron que nada aportaría a la situación y dejaron crecer el escándalo entre argumentos tan huérfano poblado de adjetivos, como suele suceder desde la administración pública y sólo se dedicaron a descalificar críticas y cuestionar argumentos de la prensa nacional.
Predomino como es usual, la propaganda sobre la información y dejaron a la sociedad fuera de toda posibilidad de construir un criterio sobre lo que realmente pasó.
Lo que sí fue realidad, fue la versión que corrió desde las oficinas de la entonces PGR, de que se trataba sólo de un problema entre narcotraficantes para después convertirlo en una situación de ‘chavos revoltosos’ como si se trata de un asunto similar a aquella matanza del 68, un crimen también de estado, cuando imperaba al autoritarismo, el que se extendió de manera transexenal, hasta los tiempos en que el PRI y el PAN gobernaban el país.
Lo cierto es que Jesús Merillo Karam, no esta exento de anomalías, se sabe, como revela un diario nacional este día, que desde mediados de la década de los 80’s enfrentó acusaciones de ‘presuntos fraudes, represión y fraude electoral en contra de opositores del PRI’, algo similar a lo que también se le conoció al ahora titular de la CFE, Manuel Barttlet cuando fue secretario de gobernación, de acuerdo con expedientes de la entonces Dirección Federal de Seguridad que fueron abierto al público.
La realidad es que en este caso de Ayotzinapa aún falta muchos nombres que se harán públicos, algunos serán culpables, otros serán exonerados y algunos más, serán protegidos desde las altas esferas del gobierno, como suele suceder, sobre todo, en tiempos electorales, adelantados, como ahora.
Lo interesante del caso es que si se desea sostener tales revelaciones habría que llegar a las causas reales de porque tales acusaciones, hacer un esfuerzo por despolitizar el caso y concentrarlo más en la exploración del fondo sin el reparto de facturas políticas en un asunto que involucrar a los poderes públicos (locales y federales, Legislativo y Judicial), pero también a los actores fundamentales de la sociedad mexicana como son: los medios de comunicación, y líderes de opinión.
Ahora la realidad es que, hablando de corrupción, ataque a los derechos humanos y ‘crímenes de estado’ por lo pronto, Murillo Karam comparte celda en el tercer piso del dormitorio 2 del Reclusorio Norte con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, otro rehén de la Cuarta Transformación.
