Desde Palacio Nacional, la consejera jurídica de la Presidencia defendió los lineamientos sobre derechos de las audiencias y acusó a sus críticos de armar una “falsa narrativa”.
La consulta pública sigue abierta hasta el 21 de agosto y el debate entre protección informativa y control estatal no se detiene.
El contexto: una ley que ya despertaba sospechas
México discute otra vez dónde termina la protección de las audiencias y dónde empieza el control sobre la prensa. Todo comenzó cuando la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió, el 27 de julio de 2026, la consulta pública para definir los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. El documento obliga a los concesionarios de radio y televisión —abierta y de paga— a publicar un código de ética, nombrar un defensor de audiencias y separar con claridad noticias, opinión y publicidad. También prevé multas para quienes incumplan.
La propuesta no tardó en encender la mecha. Partidos de oposición como el PAN y el PRI calificaron los lineamientos de “Ley Censura” o “mordaza”, y la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió sobre sus riesgos. La Junta Federal de Jueces y Magistrados (JUFED) fue más allá: dijo que cualquier intento de intervenir en los contenidos de radio y televisión podría abrir la puerta a “mecanismos indirectos de censura institucionalizada”
La presidenta Claudia Sheinbaum salió a desactivar la polémica el 29 de julio. Explicó que la ley que sustenta estos lineamientos se aprobó hace meses en la Cámara de Diputados, en acuerdo con la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, y que el documento en consulta ni siquiera se ha emitido todavía: solo se publicó para recibir observaciones. Sin embargo, dejó una puerta abierta que reavivó las alarmas al señalar que, más adelante, podría analizarse si conviene extender la regulación a la prensa escrita y a las plataformas digitales.
Luisa María Alcalde sale a “apagar fuegos”
Con la polémica todavía activa, Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, volvió a tomar el micrófono en la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo” para aclarar el alcance del proyecto. Calificó las críticas recibidas como una campaña de desinformación y remarcó que los lineamientos, elaborados por la CRT, todavía no se publican en el Diario Oficial de la Federación, por lo que pueden modificarse antes de su versión definitiva.
La frase que resumió su postura fue directa: “El Estado no va a evaluar si es verdad o no es verdad”. Según explicó, esa tarea no le corresponde al gobierno sino a los propios medios de comunicación, a través de los códigos de ética que estarán obligados a publicar.
Alcalde insistió en que, en ningún caso, los lineamientos contemplan sanciones por el contenido que difundan los medios. Lo que sí prevén, dijo, son sanciones que la propia CRT podría aplicar por incumplimientos administrativos concretos —como no nombrar un defensor de audiencias o no publicar el código de ética—, nunca por lo que un medio decida informar u opinar.
Qué dicen los polémicos lineamientos
De acuerdo con los reportes disponibles, el proyecto en consulta aplica únicamente a concesionarios de radio, televisión abierta y de paga, y a empresas programadoras comerciales, públicas y sociales. Por ahora, la prensa escrita, los portales digitales y las redes sociales quedan fuera de su alcance.
Entre las obligaciones concretas para los medios regulados destacan:
- Publicar un código de ética con sus criterios editoriales.
- Designar un defensor de las audiencias y un procedimiento para recibir quejas.
- Distinguir con claridad entre información, opinión y publicidad.
- Garantizar, por sus propios medios, que la información que transmiten sea veraz y verificada.
La consulta pública permanecerá abierta hasta el 21 de agosto de 2026. En ese periodo, ciudadanos, académicos, concesionarios y organizaciones civiles pueden enviar observaciones antes de que la CRT emita la versión final.
El trasfondo que nadie puede ignorar: la violencia contra la prensa
El debate no ocurre en el vacío. México atraviesa uno de sus periodos más violentos para el periodismo. El informe “Estructuras del silencio”, publicado en mayo de 2026 por la organización Artículo 19, documentó 451 agresiones contra periodistas durante 2025, es decir, una cada 19 horas. Los casos de abuso de poder público en contra de la prensa pasaron de 114 en 2024 a 153 en 2025.
El relator especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Leopoldo Maldonado, alertó en julio que la violencia contra la prensa mexicana “se ha diversificado”: a los asesinatos —siete solo en el primer semestre de 2026— se suman el hostigamiento público, la descalificación y el acoso judicial. Desde el año 2000, México acumula 178 periodistas asesinados, según cifras de la ONU.
Ese contexto explica por qué cualquier iniciativa que roce la línea editorial de los medios genera tanta desconfianza entre periodistas y organizaciones de libertad de expresión, más allá de las explicaciones oficiales.
¿Censura o protección? dos lecturas que no se encuentran
Para el gobierno, los lineamientos buscan combatir la desinformación y dar a las audiencias el derecho a recibir información veraz, plural y verificada, sin que eso signifique que el Estado decida qué contenido es correcto. Para buena parte de la oposición y organizaciones civiles, el riesgo está en que la autoridad regule aspectos que tocan directamente la línea editorial de los concesionarios, algo que consideran una forma indirecta de presión.
La propia JUFED reconoció que proteger los derechos de las audiencias es un objetivo legítimo frente a la desinformación, pero advirtió que establecer controles estatales estrictos sobre las líneas editoriales representa un riesgo desmedido para el Estado de derecho.
Lo cierto es que, mientras la consulta pública siga abierta, el texto final de los lineamientos puede cambiar. La versión que se publique en el Diario Oficial de la Federación —y no la que hoy genera la polémica— será la que finalmente determine si el temor a la censura tenía fundamento o si, como sostiene el gobierno, se trataba de una lectura equivocada.
Escenario
La consulta pública cierra el 21 de agosto de 2026. Después de esa fecha, la CRT deberá revisar las observaciones recibidas y decidir si ajusta el documento antes de emitir la versión definitiva. Ese será el momento clave para saber si las obligaciones se mantienen tal como están hoy o si incorporan cambios frente a las críticas de concesionarios, periodistas y organizaciones civiles.