• Cooperación México-EE. UU.: avances operativos, grietas narrativas y el desgaste del discurso de soberanía
Ernesto Madrid
La detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias El Bótox, en Michoacán, y la captura de Ryan Wedding —exatleta olímpico canadiense convertido en operador del narcotráfico— marcaron, en días recientes, un punto de coincidencia en la agenda de seguridad entre México y Estados Unidos. Ambos casos fueron presentados como ejemplos de cooperación bilateral efectiva. Sin embargo, la forma en que fueron comunicados dejó más preguntas que certezas sobre quién opera, cómo se coordina y dónde termina la cooperación y comienza la intervención.
En el caso de Wedding, las versiones oficiales no solo difirieron en el tono, sino en el fondo. Mientras autoridades mexicanas hablaron de una “entrega voluntaria” en instalaciones diplomáticas, agencias estadounidenses describieron un “operativo de alto riesgo” encabezado por un grupo especial del FBI con apoyo de “socios mexicanos”. Dos relatos, un mismo detenido y una zona gris que expone la ausencia de una narrativa común en materia de seguridad binacional.
La pregunta no es menor. La cooperación que produce detenciones relevantes es, en principio, una buena noticia. Pero cuando las autoridades no logran —o no quieren— ponerse de acuerdo ni siquiera en la versión pública de los hechos, lo que se erosiona no es solo la credibilidad, sino la línea política que separa la coordinación del tutelaje.
En tanto, la captura de El Bótox fue presentada por el gobierno mexicano como un “golpe directo a la extorsión” en Michoacán, el principal productor de limón y aguacate del país. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó que el líder de Los Blancos de Troya enfrentaba al menos once órdenes de aprehensión por extorsión, homicidio y ataques contra autoridades, y que su estructura mantenía alianzas con el CJNG y Los Viagras.
No obstante, en Tierra Caliente el nombre de El Bótox no se entendía como el de un simple jefe armado, sino como el ejecutor violento de un modelo económico criminal. Un sistema sostenido por cuotas, control de empacadoras y castigos ejemplares a productores. En ese engranaje, la figura del llamado líder limonero —encarnada en actores civiles como Bernardo Bravo— funcionó como intermediario entre el mundo formal y la coerción criminal, normalizando la extorsión bajo el lenguaje de la representación gremial.
El Bótox y Ryan caen, pero el poder criminal-político no
A este escenario se sumaron las declaraciones de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, quien aseguró haber coordinado hasta quince reuniones entre el líder del CJNG y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. Aunque sus dichos no forman parte —hasta ahora— de una investigación judicial pública, su amplia difusión colocó al mandatario estatal en una posición políticamente vulnerable.
El silencio del gobierno federal frente a estas afirmaciones contrasta con la contundencia del discurso oficial sobre combate frontal al crimen organizado. No desmentir ni investigar también comunica, sobre todo en un contexto donde la frontera entre poder político y criminal ha sido históricamente porosa.
En paralelo, Grecia Itzel Quiroz García, presidenta municipal de Uruapan y viuda del alcalde Carlos Manzo —asesinado en noviembre de 2025— ha insistido en que el crimen de su esposo no puede entenderse sin revisar responsabilidades políticas. Ha señalado a figuras como Raúl Morón, Leonel Godoy e Ignacio Campos, y ha denunciado que esas líneas de investigación no avanzan.
Las protestas posteriores al asesinato, con consignas dirigidas incluso contra el gobernador, evidenciaron una desconfianza social profunda: se capturan capos, pero no se toca a los operadores políticos y económicos del sistema.
Este contexto interno coincide con un endurecimiento explícito del discurso estadounidense. En su Estrategia de Defensa Nacional 2026, el Departamento de Defensa de EE. UU. afirma que ayudará a sus socios a combatir a organizaciones narcotraficantes, pero se reserva el derecho de actuar unilateralmente si esos socios “no pueden o no quieren hacer su parte”.
El Bótox y Ryan caen, pero el poder criminal-político no
A ello se suman declaraciones del presidente Donald Trump, quien ha reiterado su intención de atacar a los cárteles “por tierra” y ha señalado que “cualquier lugar” podría verse afectado. El mensaje es claro: la cooperación sigue siendo la vía preferente, pero la paciencia estratégica se agota.
Los casos de El Bótox y Ryan Wedding revelan una paradoja incómoda. México presume resultados operativos, pero no controla la narrativa ni despeja las dudas sobre el alcance real de la cooperación. Estados Unidos celebra detenciones, pero comunica desde una lógica de poder que deja abierta la puerta a la acción unilateral.
En ese escenario, el discurso tradicional de soberanía resulta insuficiente si no va acompañado de instituciones creíbles, investigaciones profundas y una estrategia que vaya más allá de capturas mediáticas.
El Bótox cayó. Wedding también. Pero el entramado criminal-político que sostiene la violencia, la extorsión y la captura económica en regiones como Michoacán sigue en pie. Y mientras ese núcleo no sea desmontado, cada detención será presentada como un triunfo… y leída, cada vez más, como un síntoma de algo que no termina de resolverse.
@JErnestoMadrid
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