Ernesto Madrid
El avión presidencial TP-01 “José María Morelos y Pavón” tenía una falla de origen, lo que originó que se depreciara más y eso, aunado con el paso del tiempo, le bajó su precio a mil 658 millones de pesos, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y añadió que la compra de dicho avión en el Gobierno de Felipe Calderón fue un despropósito, para “pequeños faraones acomplejados”.
Lo cierto del caso es que el monto de la venta del avión presidencial será de casi mil 659 millones de pesos, equivalente a 92 millones de dólares, es decir, 25 millones de dólares menos que su última valuación, que fue de 117 millones de dólares en 2021 y que hizo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sin olvidar que tuvo un costo de 218.7 millones de dólares debido a las adecuaciones que se le hicieron, tanto de ingeniería y sistemas como de estructura.
En esto hay que precisar que el avalúo realizado por parte del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) fijó su costo en 2 mil 286 millones de pesos una diferencia muy interesante, que es lo que habría dicho el presidente que pretendía recobrar con la venta y entre las contradicciones López Obrador dijo que hasta el 2021, se habían ahorrado por no usarlo y darle mantenimiento como 200 o 300 millones de pesos, pero hasta 2022 se gastaron 110 millones de pesos para conservarlo arrumbado.
Y como no se vendía, primero lo rifo mediante la Lotería Nacional donde pretendía vender 6 millones de cachitos en 500 pesos cada uno, pero el premio al final no fue el avión, que se quedó ahí esperando comprador y como no le salió bien, gran parte lo acabó pagando el gobierno federal. Luego lo ofreció en renta, pero nadie se lo pidió y ahí se quedó, esperando al postor.
Ahora si vemos los gastos que tuvo que realizar el presidente López Obrador por usar viajes comerciales y no en el avión presidencial, su ayudantía, equipo de comunicación social y otros acompañantes de la Oficina de la Presidencia gastaron 18 millones 916 mil pesos en las giras de los fines de semana por las diferentes ciudades de la República Mexicana y a Estados Unidos realizadas del 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2021.
Si lo contrastamos con los gastos realizados por el Estado Mayor Presidencial en actividades de seguridad y logística en apoyo de las giras nacionales del expresidente Enrique Peña Nieto fueron de 342 millones de pesos durante sus primeros tres años de gobierno mientras que Felipe Calderón gastó 148 millones de pesos para el pago de las giras de gobierno durante varias entidades de la República Mexicana, es decir, que sí ahorro el presidente de la cuarta transformación una cantidad interesante.
La realidad es que lo vendió barato, pero lo vendió más por una promesa de campaña y quedar bien con sus electores lo cual al final tiene tintes ideológicos en donde el presidente justificó que “ya salimos de este pendiente, desde luego hay algunos que no les gusta, pero la mayoría de la gente está contenta” y es algo que no se debe de repetir, “imagínese con tanta pobreza un avión así”.
Y sus justificaciones fueron más allá, al señalar que “cada día se depreciaba y tuvo también una falla de origen en la fabricación, que salió desde el primer avalúo y eso le bajó el precio, y fue creciendo también el desperfecto, pero bueno, el último avalúo que se realizó fue de mil 658 millones” y ya no recobró lo que pretendía al inicio de esta administración.
Pero los entredichos y como parte de su estrategia para fortalecer a la Defensa Nacional las bancadas de Morena, PVEM y PT aprobaron reformar la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos, por 256 votos a favor y 219 en contra del PAN, PRI, MC y PRD, que contempla la creación de una aerolínea del Estado, impulsada por el propio presidente que ya fue enviada a la cámara alta para sus efectos constitucionales.
Lo cierto y como señala la oposición las modificaciones son anacrónicas y promueven la estatización del espacio aéreo nacional que representa, además, un paso más hacia la militarización del país, ya que se planea que sea operada por la empresa paraestatal Olmeca-Maya-Mexica, coordinada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Sin embargo, los legisladores del oficialismo defendieron el dictamen argumentando que permitirá contar con un libre mercado de mayor competencia que coadyuvará a recuperar la categoría de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos.
