• Con un déficit fiscal del 4.1% del PIB y una deuda que rondará el 52.3%, el gobierno de la Cuarta Transformación intenta cuadrar las cuentas con más auditorías, menos amparos y una coreografía institucional donde cada dependencia baila su propio son
Ernesto Madrid
En el tablero económico del 2026, México juega una partida simultánea: recaudar sin asustar, endeudarse sin alarmar, y convencer a los inversionistas de que todo está bajo control mientras el SAT afila sus colmillos digitales.
El déficit fiscal —ese incómodo 4.1% del PIB— y la deuda pública proyectada en 52.3% obligan a buscar dinero debajo de cada factura electrónica. Y para eso, nada mejor que un ejército de auditorías exprés, bendecidas por la nueva Ley de Amparo, que ya no ampara tanto.
El discurso oficial insiste en que todo está “en orden”: se controla el gasto, se modernizan los sistemas, y se reorienta el presupuesto “hacia el bienestar y la sostenibilidad fiscal”. Lo que no se menciona es que esa sostenibilidad se apoya en la amenaza de miles de revisiones fiscales y en un SAT empoderado hasta los dientes, con facultades para negar RFC, restringir sellos digitales o incluso bloquear plataformas digitales. El nuevo mantra hacendario parece claro: más vigilancia, menos defensa.
Mientras tanto, en la orquesta de la Cuarta Transformación, cada músico interpreta una partitura distinta. Desde Economía, Marcelo Ebrard repite que México es el mejor escenario para la inversión global; desde el Consejo de Relocalización, Altagracia Gómez promete acompañamiento y ventanillas únicas; y desde Hacienda, Edgar Amador jura que la estabilidad macroeconómica es incuestionable.
El arte de descoordinarse: cuando el SAT aprieta, Hacienda promete y Economía sonríe
Todo suena muy armónico… hasta que interviene el SAT con su tambor de auditorías y su trompeta de sanciones.
El problema no es la partitura, sino el ritmo. Las reformas judiciales y los cambios al amparo, aprobados con entusiasmo legislativo, han provocado que los inversionistas escuchen otra melodía: la de la incertidumbre. A falta de coordinación, el Estado manda señales cruzadas. Por un lado, invita al capital extranjero con discursos de bienvenida; por el otro, endurece la fiscalización y debilita los mecanismos de defensa legal.
La presidenta insiste en que quienes critican la reforma judicial “no la entienden”. Tal vez, pero los mercados sí entienden muy bien lo que implica reducir las garantías de protección ante actos de autoridad. Cuando las reglas cambian y la arbitrariedad crece, el dinero toma su propio amparo: se va a otra parte.
Lo irónico es que, mientras el gobierno promete certidumbre, multiplica los factores que la erosionan. La reforma al Poder Judicial reconfigura órganos y procesos; la nueva Ley de Amparo restringe suspensiones; y el SAT adquiere facultades punitivas que hacen palidecer a cualquier tribunal. En este entorno, hablar de confianza suena más a deseo que a política pública.
La disonancia es evidente: Economía ofrece alfombra roja a la inversión extranjera, mientras Hacienda saca la lupa fiscal y el Congreso desmonta los candados legales que garantizaban el equilibrio. La suma de todo eso no es un Estado fuerte, sino un Estado ansioso por dinero, atrapado entre su discurso de bienestar y su déficit estructural.
En la práctica, la estrategia se resume así: atraer capital mientras se aprietan las tuercas internas, todo en nombre de la “soberanía recaudatoria”. Pero los inversionistas no son ingenuos; saben leer entre líneas y, sobre todo, entre reformas. Si las señales no se alinean pronto, el país podría descubrir que ni la inteligencia artificial del SAT ni la retórica del bienestar logran compensar la falta de algo más básico: coordinación.
Porque al final, el arte de gobernar también consiste en que todos toquen la misma melodía. Y hoy, en la sinfonía económica del 2026, cada quien parece estar tocando un instrumento distinto… y desafinado.
@JErnestoMadrid
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