Ernesto Madrid
Al menos tres puntos destacan en el combate a la corrupción que revela que lucha en su contra, como una de sus principales banderas del presente gobierno no ha sido suficientes.
Muestra de ello es que cuatro de cada 10 pesos en compras públicas se gastaron a través de procedimientos sin competencia: en 2021, 41% del monto total fue adjudicado directamente y 4% a través de invitaciones restringidas, proceso que limita la competencia.
Además, las instituciones federales incumplieron las leyes de contrataciones al adjudicar más de 9 mil millones de pesos a proveedores riesgosos como empresas fantasmas, sancionadas y de reciente creación.
En el contexto se añade que el 29% de las instituciones federales aumentaron su puntaje de riesgo de corrupción en las compras públicas respecto a 2020.
Lo anterior es resultado del análisis denominado ‘Índices de riesgo de corrupción 2022’ que advierte que persisten los riesgos de corrupción en las compras públicas del Gobierno Federal.
El análisis que realizó en Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), monitorea de manera oportuna, efectiva y accesible las prácticas de riesgo de corrupción en las compras públicas de más de 260 instituciones de la Administración Pública Federal (APF), a través de 27 indicadores de competencia, transparencia y cumplimiento de la ley.
Destaca que el 83% del monto gastado en compras por Liconsa se asignó mediante procedimientos de excepción (adjudicaciones directas e invitaciones restringidas), mientas que las compras públicas del Banco del Bienestar también se caracterizaron por procedimientos sin competencia: 89% del monto contratado se adjudicó directamente.
El 89 por ciento de las compras públicas para el Banco del Bienestar fueron por adjudicación directa
Señala que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México fue la institución con el mayor retroceso en combate a la corrupción entre 2020 y 2021 al aumentar en 48.3 puntos. En contraste, con una disminución de 42 puntos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente fue la institución con el mayor avance en la medición.
En lo que respecta a la competencia en las compras públicas del sector energético disminuyó. En 2020 el Centro Nacional de Control del Gas Natural destinó 7% del monto gastado en compras públicas a procedimientos de excepción, mientras que en 2021 ese porcentaje se incrementó a 50%.
Señala que de 2020 a 2021, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) retrocedió 26 puntos en el Índice de Riesgos de Corrupción, mientras que en 2020 99% de los enlaces a la documentación eran funcionales, en 2021 fueron 88%.
Advierte el documento que hay poca transparencia en las compras de algunas instituciones de salud, por ejemplo, en 2021 el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) no publicó la documentación completa de las 64 licitaciones públicas que realizó. Además, entre 2020 y 2021 aumentó el porcentaje de contratos del IMSS sin publicación en el EDCA, de 35% a 61%.
Por todo lo anterior se pronunció en la necesidad de generar mejores estrategias orientadas a un gasto público eficiente, eficaz y transparente, y eviten prácticas de corrupción como el soborno, la colusión y el fraude.
