La Fiscalía mexiquense confirma la captura del director de Medio Ambiente, señalado como líder de una red que cobraba cuotas ilegales a propietarios de centros de verificación vehicular
Toluca, Estado de México — 11 de agosto de 2026
Elementos ministeriales detuvieron a Raúl Piña Horta, funcionario de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México. La autoridad lo señala como presunto líder de una red de extorsión contra verificentros de la entidad.
La captura ocurrió la mañana del lunes 10 de agosto en Acapulco, Guerrero. Piña Horta se desempeñaba como director general de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica.
¿Quién es Raúl Piña Horta?
Piña Horta ocupaba ese cargo desde el inicio del gobierno de Delfina Gómez, en 2023. Antes fue diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Su nombre cobró relevancia nacional en junio pasado. Empresarios gaseros y gasolineros lo señalaron públicamente durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Las víctimas denunciaron cobros irregulares vinculados a inspecciones ambientales. Aseguraron que las presiones existían desde el gobierno de Alfredo Del Mazo, pero se intensificaron en meses recientes.
Así fue el operativo de detención
Agentes ministeriales cumplieron una orden de aprehensión contra Piña Horta en la colonia Club Deportivo, cerca de la Costera Miguel Alemán, en Acapulco. La detención se registró alrededor de las 7:30 horas.
En el operativo participaron la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). También colaboraron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.
Una hora después, autoridades capturaron en Xochimilco, Ciudad de México, a Carlos Eduardo Solares Vega. Se trata del director de Control de Emisiones a la Atmósfera de la misma dependencia estatal, señalado como presunto cómplice.
Ambos funcionarios quedaron a disposición de un juez de control especializado en cateos, órdenes de aprehensión y medidas de protección, con sede en la Ciudad de México.
El presunto esquema de extorsión
De acuerdo con la FGJEM, el esquema extorsivo generaba recursos ilícitos por varias decenas de millones de pesos mensuales. Los funcionarios exigían el pago para no cerrar las líneas de verificación vehicular de sus víctimas.
La fiscalía precisó que el monto aumentaba de forma sustancial por cuotas adicionales exigidas para la revalidación de autorizaciones. Todos los pagos se solicitaban en efectivo y debían entregarse en un domicilio ya identificado por las autoridades.
Sobre el número exacto de verificentros afectados y las cuotas específicas por establecimiento, la Fiscalía mexiquense no ha difundido una cifra oficial desglosada. Hasta el cierre de esta nota, únicamente ha confirmado que el esquema operaba contra “decenas de millones de pesos mensuales” en conjunto. Esta redacción actualizará la información en cuanto la autoridad detalle montos individuales.
Según la fiscalía, algunos integrantes de la red también habrían utilizado procedimientos administrativos simulados. El objetivo era retirar concesiones a propietarios y, en algunos casos, apoderarse de infraestructura adquirida por las propias víctimas.
Reacción de las autoridades
La FGJEM llamó a otros propietarios de verificentros a sumarse a la denuncia si fueron víctimas de esta red. La institución reconoció que varios afectados no habían acudido ante el Ministerio Público por temor a represalias.
La Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México no ha emitido, hasta el momento, una postura oficial sobre el caso.
Investigación continúa abierta
La fiscalía mexiquense informó que las investigaciones siguen en curso. El objetivo es identificar al resto de los integrantes de la red y obtener las órdenes de aprehensión pendientes.
Otros presuntos cómplices permanecen prófugos de la justicia, según autoridades estatales.