Washington, Estados Unidos.- Una coalición de fiscales generales de 20 estados y Washington D.C. presentaron una demanda contra el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por condicionar de manera indebida cientos de millones de dólares destinados a programas de ayuda para víctimas de delitos, a cambio de cooperar de manera obligatoria con los esfuerzos federales de control migratorio.
La acción legal, impulsada por estados como California, Illinois, Nueva Jersey, Nueva York y Rhode Island, todos gobernados por demócratas, busca frenar las disposiciones del Departamento de Justicia que pretenden congelar recursos a las jurisdicciones que rechacen colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Condiciones que, según los demandantes, exceden la autoridad constitucional y administrativa del gobierno federal.
Los fiscales alegaron que estas restricciones, impuestas bajo una política anunciada por la fiscal general Pam Bondi, no se encuentran en la Ley de Víctimas de Delitos, la cual otorga más de mil millones de dólares anuales a los estados para programas de compensación, beneficiando a cerca de 10 millones de personas cada año. Entre las medidas cuestionadas están negar acceso a ICE a instalaciones locales y evitar dar aviso previo de la liberación de personas perseguidas por motivos migratorios.
Denuncian 20 estados a Trump por obligarlos a apoyar plan migratorio
La demanda se da en un contexto de intensificación de la política antimigrante de la Casa Blanca. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció que ampliará la revisión de publicaciones en redes sociales de solicitantes de residencia o ciudadanía, con el fin de identificar “ideologías antiestadunidenses”. Su portavoz, Matthew Tragesser, declaró que vivir y trabajar en Estados Unidos “es un privilegio, no un derecho” y que no se debe conceder beneficios a quienes “desprecian” al país.
Además, el pasado martes 19 de agosto, la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, informó que el nuevo muro fronterizo será pintado de negro para que el sol lo caliente y resulte “más difícil de escalar”, siguiendo instrucciones del presidente Trump.
Desde el ámbito local, la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, advirtió que su ciudad “no dará marcha atrás en lo que somos y lo que representamos”, al vencer el plazo impuesto por la administración federal para obligar a los gobiernos locales a cumplir con sus disposiciones migratorias.
En reacción, organizaciones civiles han reforzado su resistencia a estas políticas. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos exigió a la cadena Home Depot negar acceso a agentes del ICE sin orden judicial, mientras que el colectivo Unión del Barrio comenzó a capacitar a maestros para intervenir en casos de intentos de arresto de estudiantes o padres en entornos escolares, según reportaron Los Angeles Times y Borderreport.
