Ernesto Madrid
Mientras la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir su Plan B se encuentra estancado en el senado de la República, el mandatario envío a la Cámara de Diputados otra ‘bola de fuego’ con una iniciativa que propone la desaparición del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y crear en su lugar el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Conahcti).
La nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación argumenta que el Conacyt creó fideicomisos millonarios y que, del 2001 al 2018, “bajo el supuesto fomento de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación”, transfirió a empresas privadas más de 45 mil millones de pesos, que “en su mayoría, eran grandes empresas nacionales y transnacionales que no requerían el apoyo del Estado”.
Entre sus conjeturas apunta que el “Conacyt toleró la simulación al acreditar programas profesionalizantes dirigidos a universidades e instituciones de educación superior del sector privado, poco o nada vinculados a la investigación humanística o científica, pero cuyo reconocimiento sirvió como señuelo de mercado para atraer clientes que, con el subsidio público que recibían, pagaban costosas cuotas por concepto de inscripción y colegiaturas”.
De la reforma electoral a la reforma del Conacyt
Es mejor, dice el documento, que la distribución del presupuesto del sector vía recursos públicos se destinen para el fomento y apoyo de las actividades en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, pero “se canalizarán, preferentemente, de manera directa a las personas becarias humanistas, científicas, tecnológicas e innovadoras a través de programas presupuestarios, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables”, que requieren una ley en la materia.
Al río revuelto se suma por supuesto la crisis que se quiere provocar en la democracia del país en donde el gobierno federal pretende hacerse del control del aparato electoral conformado por el INE y por el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para mantener en el poder su proyecto político de ‘transformación’ más allá de 2024 y cuyas elecciones en este último caso, se definirá el 3 de enero del próximo año.
Lo interesante del caso es que los cinco ministros inscritos para suceder a Arturo Zaldivar tienen que garantizar la autonomía del Poder Judicial de la Federación solo que hay una que es afín al presente gobierno y creador del sistema anticorrupción antes de llegar al máximo tribunal.
Hablamos de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, la más conservadora con el pero de que es esposa del constructor José María Riobóo, quien participó en la edificación del segundo piso del Periférico cuando López Obrador era jefe de Gobierno capitalino y es integrante del Comité Técnico designado por el gobierno de la Ciudad de México para la reconstrucción del tramo de la Línea 12 del Metro colapsado en mayo de 2021.
En los entredichos federales también se suma la Comisión Federal de Competencia Económica que con el nombramiento de Andrea Marván Saltiel aún está inoperante al contar con el quórum mínimo ya que el presidente no lo ha tomado en cuenta para cubrir el total de comisionados en donde aún faltan dos.
Está el Instituto Federal de Telecomunicaciones que se encuentra en entredichos luego de que se filtró que con mucho sigilo están perdonando multas de cientos de millones de pesos a operadores.
Sin olvidar en entuerto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en donde el máximo tribunal deberá resolver si tenía facultades para pedir a legisladores que aprueben el proyecto del sistema político mexicano como denuncio el INE, en donde el organismo ’autónomo’ la CNDH presentó ante la Corte un recurso legal en contra de funcionarios del INE, y en el que defiende que la Constitución sí le confiere facultades en materia electoral, ¿quién ganará?
