• Del amago directo de un excandidato a gobernador a la presión sutil de despachos corporativos, el caso exhibe cómo la descalificación y la intimidación contra el periodismo crítico se han vuelto práctica recurrente en la política y en el sector privado mexicano.
Ernesto Madrid
La amenaza casi nunca llega sola. Viene envuelta en negaciones, en frases que intentan relativizarlo todo. “Yo nunca he amenazado a nadie”, dijo Pedro Segura Valladares, excandidato a la gubernatura de Guerrero. Pero antes —en un video que después desapareció— había soltado: “al perro que me ladra le doy un balazo en el hocico”.
No fue metáfora. Fue respuesta directa a la cobertura de Carlos Loret de Mola, quien difundió el video donde Segura insistía a Los Alegres del Barranco que interpretara El del Palenque, corrido dedicado a Nemesio Oseguera Cervantes, quien fuera líder del Cártel Jalisco Nueva Generación ultimado en días pasados.
El problema no es el gusto musical, sino el contexto: un aspirante a gobernador celebrando simbólicamente a un capo en un país atravesado por la violencia. La agrupación enfrenta en Jalisco un proceso por apología del delito; la discusión jurídica es pertinente. Lo verdaderamente grave vino después: el señalamiento periodístico derivó en insultos y referencias directas a disparos como represalia.
Segura intentó matizar hablando de “amigos poderosísimos” con armas en México y Estados Unidos. En cualquier democracia funcional, eso bastaría para activar protocolos institucionales. Artículo 19 advirtió que no se trata de libertad de expresión, sino de una amenaza concreta, y pidió a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión investigar y garantizar protección.
Pero el episodio no es un hecho aislado. En los últimos años, el discurso contra periodistas ha transitado de la descalificación retórica a la insinuación peligrosa. Se acusa a comunicadores de “mentir”, “litigar en medios” o “servir a intereses oscuros”. La narrativa no es nueva, pero se ha vuelto estructural: ha permeado no solo en la arena política, sino también en el sector privado.
Hoy, despachos de relaciones públicas como Zimat Consultores —que representan a grandes corporaciones— replican esa lógica para desacreditar investigaciones incómodas. En lugar de facilitar información o abrir canales institucionales de diálogo, optan por la confrontación y la descalificación. El mensaje es el mismo: cuestionar equivale a atacar; documentar equivale a “litigar”.
El caso se vuelve aún más delicado cuando involucra a empresas como Grupo Posadas, donde un periodista han recurrido a vías formales para señalar irregularidades o abusos. La respuesta no siempre ha sido transparencia, sino presión. Así, la estigmatización deja de ser un recurso retórico y se convierte en estrategia: desacreditar al mensajero para evitar discutir el mensaje.
El problema de fondo es institucional. México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en tiempos de paz. La impunidad en delitos contra comunicadores supera el 90%. En ese contexto, cada discurso que normaliza la intimidación —venga de un político con aspiraciones o de un corporativo con poder económico— suma.
Aquí no se debate si Segura conoció o no a “El Mencho”. Se debate si el Estado y las élites económicas están dispuestos a trazar una línea roja frente a la intimidación. Porque cuando amenazar, desacreditar o presionar sale barato —o gratis— el mensaje se multiplica.
Y en México, cada amenaza que se minimiza no solo erosiona la libertad de prensa: consolida la idea de que el poder, político o empresarial, puede incomodarse… pero nunca ser incomodado.
@JErnestoMadrid
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