Miles de niños, niñas y adolescentes quedaron varados en la ciudad autónoma española tras la mayor oleada migratoria desde 2021
Sin plazas suficientes de acogida, sin cifras oficiales exactas y en medio de una pelea política por su reparto, cientos de menores no acompañados esperan cada día frente a la Comisaría de Policía para ser registrados y evitar la devolución a Marruecos.
Ceuta, España — 7 de agosto de 2026.
La escena se repite cada mañana desde hace más de una semana: decenas de niños y adolescentes, muchos con la ropa que llevaban puesta cuando cruzaron la frontera, forman una fila silenciosa frente a la Comisaría de Policía Nacional de Ceuta. Esperan su turno para ser reseñados, es decir, para que las autoridades españolas confirmen su identidad y su condición de menores de edad y así frenar cualquier intento de devolución inmediata a Marruecos.
La imagen no es aislada. Es el rostro más visible de la mayor crisis migratoria que vive la ciudad autónoma desde el histórico episodio de mayo de 2021, cuando cerca de 8.000 personas —entre ellas alrededor de 1.200 menores no acompañados— entraron a nado o saltando el espigón fronterizo en apenas 48 horas, aprovechando una relajación puntual de los controles marroquíes en medio de una crisis diplomática entre Rabat y Madrid.
Una nueva oleada, cinco años después
A finales de julio de 2026 se produjo una entrada masiva similar. Según cálculos de las Fuerzas de Seguridad del Estado citados por medios españoles, unas 73.500 personas habrían cruzado hacia Ceuta tras la entrada masiva registrada el jueves 30 de julio, cifra que se redujo con rapidez por los retornos “voluntarios” hacia Marruecos, el traslado organizado de agentes y militares hacia la frontera, y varios días de personas deambulando por una ciudad donde llegó a faltar agua y comida. El balance de fallecidos en la travesía ascendió a 72, de acuerdo con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, quien reconoció públicamente que esa cifra no incluye —porque no existe un registro consolidado— cuántos de los muertos eran menores de edad.
Para el 4 de agosto, el Ejecutivo español cifraba en torno a 2.500 las personas que permanecían de forma irregular en la ciudad, aunque fuentes de la administración local elevaban esa cifra. El Ministerio del Interior reportó además un incremento del 164,1% en las llegadas irregulares a Ceuta entre enero y julio de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior.
Entre quienes permanecen, la gran mayoría son menores no acompañados —muchos de entre 12 y 17 años— para los que España no puede aplicar el mismo procedimiento de retorno exprés que utiliza con los adultos.
Solo 29 plazas para miles de niños
El cuello de botella es, sobre todo, de capacidad. El sistema de protección de menores de Ceuta, gestionado por el Área de Menores de la Ciudad Autónoma, cuenta oficialmente con apenas 29 plazas regladas para atender a una población infantil que se cuenta por cientos, según ha reportado Infobae. Mientras se resuelve su situación, decenas de adolescentes —sobre todo varones— han pasado las noches durmiendo en parques y espacios públicos de la ciudad.
El procedimiento legal establece que, cuando no hay documentos o existen dudas sobre la edad real de un migrante, interviene la Fiscalía de Menores, que puede ordenar pruebas médicas y radiológicas para estimarla. Una vez acreditada la minoría de edad, cesa cualquier actuación policial de expulsión y el menor pasa formalmente al sistema de protección, que lo inscribe en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) y le asigna un Plan Individual de Protección, con evaluación de su estado emocional, nivel educativo y posibles traumas, además de un educador de referencia.
Ese es, precisamente, el trámite que las familias, ONG y vecinos exigen que se cumpla frente a la comisaría: el registro que abre la puerta a la protección legal y bloquea la vía de la devolución.
El caso que encendió la alarma
El lunes 3 de agosto, cámaras de la agencia AP captaron —y así lo reportaron medios como El Espectador— el momento en que soldados españoles escoltaban hacia la frontera a un niño marroquí no acompañado de unos 12 años que lloraba y suplicaba no ser devuelto a Marruecos. La presión de vecinos que insistían en que se trataba de un menor, sumada a la presencia de periodistas, llevó a un teniente coronel del Ejército a detener la repatriación y entregar al niño a la Guardia Civil. Sin embargo, periodistas de la misma agencia constataron que, minutos después, otros jóvenes migrantes sí fueron conducidos hacia la línea fronteriza.
Casos como este han alimentado la desconfianza de las familias y organizaciones de infancia hacia el operativo español, y explican en parte por qué cientos de menores prefieren pasar la noche en la calle antes que arriesgarse a un traslado sin haber sido formalmente registrados.
Una Policía “totalmente desbordada”
Los sindicatos policiales han denunciado públicamente que el refuerzo enviado por el Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, resulta insuficiente frente al volumen de trámites administrativos pendientes. Según ha publicado The Objective, del contingente de 150 efectivos desplegados, el grueso corresponde a la Unidad de Intervención Policial (antidisturbios), dedicada a la seguridad del perímetro fronterizo, mientras que solo un equipo de seis agentes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras fue enviado a reforzar las tareas de reseña y documentación de los propios menores. Agentes consultados por ese medio describieron la situación como una en la que “no damos abasto” y pidieron ayuda urgente para el dispositivo destinado a los menores no acompañados.
Frontex, la agencia europea de fronteras, ya había advertido en junio de 2026 sobre el repunte de la ruta migratoria hacia Ceuta y señaló la limitada actuación contra las redes de tráfico de personas que organizan los cruces.
Desapariciones y un canal de búsqueda
Ante el temor de que algunos menores hayan quedado sin localizar en medio del caos, la Guardia Civil habilitó una oficina física en la Aduana de El Tarajal, abierta de 8:00 a 21:00 horas, y un canal de correo electrónico específico para denuncias de personas desaparecidas en Ceuta, medida que refleja la magnitud del descontrol registrado en los primeros días de la crisis.
La batalla política por el reparto
Mientras la ciudad autónoma pide auxilio, en Madrid se libra otra disputa: la del reparto de los menores no acompañados hacia otras comunidades autónomas, mecanismo previsto en la normativa española sobre contingencias migratorias extraordinarias —reforzada por el Real Decreto-ley 2/2025 y el Real Decreto 743/2025— para aliviar la presión sobre Ceuta. La medida cuenta con el respaldo de organizaciones especializadas en infancia, pero divide a los gobiernos regionales.
Junts per Catalunya ha advertido que no respaldará al Gobierno central si Cataluña no queda excluida del reparto, replicando la postura que ya impuso el año anterior. Extremadura, gobernada por PP y Vox, ha anunciado que rechazará la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez y no habilitará nuevos centros de acogida, en la misma línea que Castilla y León y Aragón, que también se han opuesto a recibir a estos menores.
Lo que dice la justicia española
La crisis actual se produce sobre un terreno jurídico que se ha ido consolidando desde 2021, cuando el Tribunal Supremo condenó las repatriaciones colectivas de menores extranjeros ejecutadas ese año desde Ceuta. Desde entonces, España reconoció oficialmente ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU, en marzo de 2024, las irregularidades cometidas en aquel episodio. Más recientemente, el 30 de julio de 2026 —coincidiendo con el estallido de la nueva oleada—, el Tribunal Supremo confirmó su doctrina sobre las pruebas de determinación de la edad, un aspecto clave porque, como advirtió el experto Daniel Thym a CNN en Español, buena parte de los recién llegados tiene 16 o 17 años, una franja etaria en la que la verificación de la minoría de edad resulta más disputada y donde, si el joven solicita asilo, el procedimiento puede demorarse meses o incluso años.
Por qué se van: el trasfondo en Marruecos
Los especialistas consultados por CNN en Español coinciden en que, más allá de episodios diplomáticos puntuales entre Rabat y Madrid, existe un factor estructural: la tasa de desempleo juvenil en Marruecos, entre los 15 y 24 años, se mantiene en 37,2%, muy por encima del desempleo general del país, que bajó a 13% en 2025. Esa combinación —alto desempleo juvenil marroquí y una economía española en expansión— sostiene lo que el investigador Thym describe como una atracción estructural constante hacia Europa, en un contexto en el que España, a diferencia de buena parte de la Unión Europea, no ha endurecido su política migratoria hacia estos menores.
El precedente de 2021, otra vez sobre la mesa
El actual episodio revive comparaciones inevitables con mayo de 2021, cuando el ingreso masivo de personas —entre ellas cerca de 1.200 menores— derivó en la resolución del Parlamento Europeo del 10 de junio de ese año, que condenó el uso de menores como instrumento de presión migratoria por parte de las autoridades marroquíes y denunció la vulneración de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño. En aquella ocasión, el entonces Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, visitó Ceuta y Melilla para supervisar la atención a los menores extranjeros no acompañados y formuló recomendaciones al Ministerio de Derechos Sociales para mejorar su protección.
Cinco años después, buena parte de esas recomendaciones y sentencias siguen siendo el marco de referencia —y, para las organizaciones de infancia, la vara con la que debe medirse la respuesta estatal ante la nueva crisis.
Posible reubicación regional en España
Con la ciudad autónoma desbordada, el Gobierno central evalúa activar de forma plena el mecanismo de redistribución de menores hacia otras regiones, en un otoño que, según fuentes citadas por prensa española, se perfila decisivo para la política migratoria del país. Mientras los gobiernos negocian cifras y cuotas, la fila frente a la comisaría de Ceuta sigue creciendo cada mañana: niños y adolescentes que cruzaron el Estrecho o el espigón fronterizo solos, y que hoy dependen de un simple trámite de registro para no volver a cruzar la frontera en sentido contrario.