Ciudad de México.- Con tres votos a favor y dos en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) autorizó que el Instituto Nacional Electoral (INE) continúe con la organización de las elecciones de personas juzgadoras, previstas para junio de 2025. La decisión fue tomada tras la resolución de dos recursos, uno presentado por el INE y otro por la Mesa Directiva del Senado de la República, que buscaban garantizar la continuidad del proceso electoral.
“Es constitucionalmente inviable suspender la realización del procedimiento electoral de personas juzgadoras o de algunas de las etapas a cargo del Senado de la República, del INE y de todas las autoridades competentes que participen en su organización y preparación”, señaló la magistrada presidenta Mónica Soto.
La magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, señaló que “es constitucionalmente inviable suspender la realización del procedimiento electoral de personas juzgadoras” y argumentó que este proceso es un mandato expresamente previsto en la Constitución. Además, enfatizó que “estamos en un proceso electoral en marcha, y no es viable detenerlo”, lo que fue respaldado por los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata.
Avala el TEPJF la continuidad del proceso electoral del Poder Judicial en 2025
“El Senado de la República, el Instituto Nacional Electoral y las demás autoridades competentes deben continuar con las etapas del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024 – 2025 por tratarse de un mandato expresamente previsto en la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos vigente, por lo que ninguna autoridad poder u órgano del Estado pueden suspender limitar condicionar o restringir las actividades relativas a las etapas del procedimiento electoral extraordinario 2024- 2025 para la elección de cargos en el Poder Judicial de la Federación”, reiteró Monica Soto al emitir el resultado de la votación.
El proyecto de sentencia, impulsado por el magistrado Fuentes, fue aprobado con los votos de Soto, Fuentes y De la Mata, quienes destacaron que la resolución otorga certeza tanto a las autoridades electorales como a la sociedad, en relación con los comicios para elegir a 881 jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación.
La decisión también deja sin efecto las suspensiones dictadas por jueces de distrito que habían frenado las actividades relacionadas con la elección de 2025, lo que permitirá que el INE retome la organización del proceso electoral. Este avance es clave, ya que faltan 194 días para la jornada electoral, programada para el 2 de junio de 2025.
En la discusión, los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez, quienes votaron en contra de la resolución, argumentaron que el TEPJF no tiene atribuciones para revocar las suspensiones emitidas por los jueces de distrito en el marco de amparos interpuestos. Ambos magistrados coincidieron en que el Tribunal Electoral debería esperar el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un juicio relacionado con la reforma constitucional que originó estas elecciones.
Por otro lado, el INE había solicitado en su recurso del 13 de noviembre una medida de protección provisional para asegurar la continuidad del proceso electoral, mientras que el Senado solicitó garantizar el cumplimiento de sus funciones en relación con la convocatoria y otros procesos vinculados con la elección de personas juzgadoras.
Con esta sentencia, el INE puede reiniciar las actividades del proceso electoral y avanzar en la organización de la primera elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aseguró la semana pasada que todos los miembros del Consejo General han acordado retomar los trabajos a más tardar el 20 de noviembre.
Este fallo representa un paso decisivo para asegurar la celebración de las elecciones judiciales, que fueron autorizadas por una reforma constitucional, y da continuidad a un proceso que ha generado controversia debido a las acciones legales interpuestas por diversos actores políticos y judiciales.
