Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó el pasado 1 de julio el dictamen para expedir dos nuevas leyes en materia de seguridad pública: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional, mejorar la eficacia en la lucha contra la criminalidad y consolidar un modelo basado en inteligencia estratégica.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue aprobada en lo general con 88 votos a favor y 16 en contra. En lo particular, pese a que se presentaron reservas a diversos artículos (42, 93, 100, 101, 102, 104 y 105), estas no fueron admitidas y el dictamen fue aprobado con 77 votos a favor y 30 en contra. El proyecto fue turnado al Ejecutivo federal para su publicación.
La nueva legislación busca regular la integración, organización y funcionamiento del sistema de seguridad pública, mediante mecanismos de cooperación y estrategias conjuntas entre los tres niveles de gobierno.
Aprueban Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Ley de Inteligencia
La senadora Blanca Judith Díaz Delgado (Morena) afirmó que con estas leyes “se construye un andamiaje jurídico justo, eficiente y de vanguardia” para proteger a la población. Por su parte, la senadora Juanita Guerra Mena (PVEM) destacó el fortalecimiento del Sistema Nacional de Información y Registros, así como la mejora en los procesos de coordinación institucional. En tanto, Lizeth Sánchez García (PT) indicó que los ordenamientos permitirán enfrentar con mayor eficacia la criminalidad y fortalecer el Estado de derecho.
Con 67 votos a favor, 29 en contra y seis abstenciones, también se aprobó la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. Este nuevo marco jurídico establece la creación de una Plataforma de Inteligencia, obligatoriamente interconectada con sistemas de seguridad y registros de todas las instituciones públicas y, en ciertos casos, también con datos de particulares para la investigación de delitos, especialmente los de alto impacto.
Además, la legislación prevé mecanismos de cooperación internacional con entes públicos y privados, como parte de acuerdos binacionales, entre ellos el Entendimiento Bicentenario con Estados Unidos, con el fin de desarticular estructuras delictivas y rastrear sus operaciones financieras.
Ambas leyes fortalecen las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y marcan un nuevo rumbo en la estrategia nacional contra la violencia y el crimen organizado.
