Por Óscar Sánchez Márquez
El “triunfo” que asume la 4T y particularmente el presidente Andrés Manuel López Obrador por el enjuiciamiento y sentencia de culpabilidad del otrora poderoso Genaro García Luna se puede revertir en el corto plazo.
El juicio de Brooklyn abrió nuevos frentes que para Estados Unidos no pasarán por alto: la corrupción endémica en México y las repercusiones para la Unión Americana.
Estados Unidos no se conformará con el juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública. Para algunos expertos en la relación bilateral, ese caso es el pretexto para ir más allá bajo la lógica de que García Luna no es ni política, ni operativa ni estratégicamente el único funcionario que haya sido capaz de aliarse con el narcotráfico.
Hay otras manos, muchas seguramente, metidas en el narco, incluso políticos y gobernadores de distintos partidos políticos, funcionarios federales de diversas áreas de las mal llamada áreas de seguridad nacional.
En el Juicio en Nueva York aparecieron exfiscales, ex agentes, y líderes de cárteles que reiteraron ante el juez como compraban a discreción a funcionarios de todos los nivele al grado de controlar aeropuertos, aduanas y ciudades completas Uno de esos funcionarios corruptos era García Luna y su equipo apodado los “siete jinetes del apocalipsis”.
No hay que ir muy lejos para corroborar lo que busca Estados Unidos.
Primero, ahí está la advertencia de Anne Milgram, actual administradora de la DEA, la agencia antidrogas de estados Unidos, quien a principios de mes dijo en el senado norteamericano que no hay una colaboración adecuada de parte de México en el combate a las drogas, especialmente en lo que se refiere al freno del envío de cargamentos de fentanilo a territorio norteamericano.
“Creemos que México tiene que hacer más para detener el daño que esto está causando”, dijo la funcionaria en una inusitada declaración que mostró más la intención de ejercer presión hacia México, que de realmente buscar ampliar los mecanismo de colaboración bilateral. El que lo haya dicho en el Senado tiene un mensaje muy claro.
Para EU es prioridad absoluta cortar de tajo en México la importación de materia prima, principalmente provenientes de Asia, para la producción de fentanilo, y segunda, cortar el flujo de esa poderosa droga que ha cobrado la vida de más de 108 mil norteamericanos en el último año. Lo han dicho de diversas formas las autoridades americanas.
Estados Unidos quiere extraditar a Ovidio “El ratón” Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán, hasta hace poco uno de los sucesores en el cártel de Sinaloa. También buscan que se actúe con firmeza en contra del otro cártel, el Jalisco Nueva Generación, cuyo nivel de operación es proporcional a la sospechosa impunidad de la que goza.
Ambas organizaciones son las que, a la vista de EU, son las principales responsable de que el opioide fentanilo, que trafican a través de la frontera común, este generando el mayor numero de muertes en su territorio.
AMLO bajo reflector de EU – Opinión
Lo dicho por la jefa de la DEA es indicador de que quieren que haya más colaboración por parte de México. Sin embargo, el concepto de colaboración tiene distintas interpretaciones de uno y otro lado.
Definitivamente EU no está conforme con el nivel de colaboración existente y quiere más, incluso que se les permita realizar abiertamente, operativos antidrogas en territorio mexicano, tema que AMLO ya descartó por ahora.
Recientemente un grupo de fiscales de 21 estados de la Unión Americana elevaron una petición para que el gobierno de Joe Biden declare a los cárteles de la droga mexicanos como agrupaciones terroristas, lo cual permitiría a la fuerza de seguridad de los Estados Unidos actuar y atacar abiertamente en contra de esos grupos, independientemente dónde se encuentren y quién los proteja.
La presión es, en consecuencia, la vía que esta poniendo en marcha el gobierno de Joe Biden para lograr sus dos objetivos inmediatos: frenar el tráfico de drogas, particularmente el fentanilo, y que hacer que México lleve a la justicia norteamericana a más narcotraficantes, ya sea los que pertenecen a crimen organizado y a aquellos políticos y funcionarios que, como García Luna, se escuden en su cargo público o de representación popular para traficar droga y llenarse las bolsas de dólares sucios.
El caso García Luna, más que fortalecer la posición de México como un país de justicia, lo debilitó, porque lo ha mostrado ante el mundo como vulnerable y sumiso frente al narcotráfico, cuyo poder ha logrado filtrar al mismísimo Estado Mexicano.
Solo así se entiende, por ejemplo, el Editorial del pasado jueves en The New York times y días antes en la publicación The Atlantic, donde se cuestiona duramente el estilo personal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la manera en que esta administración federal está debilitando las instituciones democráticas.
En la narrativa norteamericana que se lee y se escucha aquí en territorio mexicano, se incorporan ya términos como gobierno “autócrata” y autoritarismo, para ejemplificar cómo ven los mexicanos el estilo personal de López Obrador.
Esta semana la revista norteamericana, The Atlantic, se refirió a México ( y por tanto a su gobierno que encabeza López Obrador), como el “vecino autócrata”, con un listado de las amenazas que implica el que el gobierno de la 4T debilite las instituciones democráticas, termine por desarticular al INE e imponga a un sucesor o sucesora. Sobrevendrá un sistema autocrático o el caos, advierte.
Todos estos los elementos integran un riesgoso coctel político-social del que Estados Unidos buscará sacar provecho, so pretexto de la defensa de sus intereses y so pretexto de no tolerar que de este lado del Rio Bravo se desarrolle un gobierno autocrático o autoritario. No, porque eso va directamente en contra de sus intereses y de su ideología.
