*La Colectiva CASO 992 y diversas organizaciones acuden a la Cámara de Diputados para presentar propuesta de iniciativa de ley en materia de “peligrosidad procesal de los agresores domésticos”.
*Solo uno de cada diez menores que tiene derecho a pensión alimenticia logra recibirla antes de alcanzar la mayoría de edad. En el caso de hijos de padres divorciados, tres de cada cuatro no reciben alimentos de su progenitor, explicó la abogada Ingrid Tapia.
*Esta situación no solo perpetúa la vulnerabilidad económica de las familias, sino que agrava la violencia estructural que padecen, expresó la Diputada Claudia Sánchez, del Partido Verde, al recibir en San Lázaro al grupo de mujeres integrantes de los colectivos.
Enfocada a erradicar de raíz las diversas formas de violencia que se ejercen en contra de ellas, diversos colectivos de mujeres jefas de familia y madres víctimas de violencia familiar acudieron hoy a la Cámara de Diputados para presentar una propuesta de iniciativa de ley encauzada al combate a la peligrosidad procesal de los agresores domésticos.
La demanda de cambios a normas y códigos, entregada hoy en el recinto legislativo de San Lázaro, tiene como objetivo reformar diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para evitar que las víctimas de violencia doméstica, las madres y los hijos involucrados en juicios de alimentación esperen eternamente sentencias favorables en los juicios promovidos, ante la manipulación y/o encubrimiento de identidad, bienes e ingresos por parte de los padres demandados, que hoy permiten las propias leyes.
Demandan mujeres reforma procesal para que deudores alimentarios sean localizados y cumplan sentencias a favor de los hijos
De acuerdo con la colectiva CASO 992, que representa a miles de mujeres de diversos estados de la República, las normas actuales permiten a los agresores evadir el cumplimiento de las sentencias en juicios de alimentos y controversias familiares, agravando la violencia que enfrentan miles de mujeres y sus hijos.
La diputada Claudia Sánchez, del Partido Verde aseguró que presentará una Iniciativa de Ley para abatir la gravedad del escenario descrito, pues reveló que, de acuerdo con estadísticas de los Tribunales Superiores de Justicia del país, el 97% de los juicios familiares, especialmente los relacionados con alimentos, son promovidos por mujeres.
Sin embargo, precisó, apenas el 3% de estos casos llega a la etapa de ejecución. El 74% de los juicios en esta materia son abandonados antes de su conclusión, luego de años de litigio –en promedio seis– durante los cuales las demandantes no obtienen justicia ni pueden seguir financiando su defensa.
Demandan mujeres reforma procesal para que deudores alimentarios sean localizados y cumplan sentencias a favor de los hijos
A su vez, la asesora legal de la colectiva Caso 992, Lic. Ingrid Tapia, expuso que la mayoría de las mujeres que enfrentan un litigio por demanda de alimentos o violencia doméstica, madres en situación de abandono, permanecen casadas durante años, en promedio 17.7, sin iniciar un proceso de divorcio ante la convicción de que, aún recurriendo a las autoridades, no lograrán obtener la restitución de sus derechos ni protección para ellas y sus hijos.
Además, mencionó como ejemplo, de los pocos casos en los que se dicta una sentencia o una pensión alimenticia provisional, apenas el 10% se cumple.
La situación que enfrentan las mujeres con condiciones de vulnerabilidad es muy grave, por ello urge reformar el marco legal, puntualizó.
Sólo uno de cada diez menores que tiene derecho a una pensión alimenticia logra recibirla completa antes de alcanzar la mayoría de edad. En el caso de hijos de padres divorciados, tres de cada cuatro no reciben alimentos de su progenitor. Esta situación no solo perpetúa la vulnerabilidad económica de las familias, sino que agrava la violencia estructural que padecen.
La abogada Ingrid Tapia explicó que el diseño actual de las normas procesales facilita la evasión de los agresores y deudores alimentarios, quienes no solo eluden las notificaciones de los juicios, sino que también ocultan bienes e ingresos para evitar el cumplimiento de sus obligaciones.
La carga probatoria recae injustamente sobre las víctimas, quienes deben acreditar el domicilio de los agresores, su solvencia y sus bienes, lo cual resulta imposible para muchas mujeres en condiciones de vulnerabilidad, por lo que desisten de llevar un litigio, lo que agrava su condición de vulnerabilidad y la de sus hijos.
Demandan mujeres reforma procesal para que deudores alimentarios sean localizados y cumplan sentencias a favor de los hijos
La propuesta de cambio legal está orientada a que las mujeres, especialmente aquellas que se encuentran en condiciones de precariedad, cuenten con el apoyo de la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) en los procesos de emplazamiento y determinación de la capacidad económica de los deudores.
Esto garantizaría que los agresores no puedan evadir las notificaciones judiciales y que las sentencias y medidas provisionales de alimentos sí se cumplan de manera efectiva, mitigando así el riesgo procesal y la impunidad que actualmente enfrentan miles de familias monomarentales, detalló la especialista en Derecho.
