México.- Elektra deberá saldar alrededor de 24 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), poco más de un tercio de todo lo que el fisco mexicano le reclama a Grupo Salinas, tras haber perdido un amparo contra la resolución que desde una primera instancia le ordenaba pagar. En orden de evadir la entrega de estos impuestos, la última alternativa de la compañía es recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Este jueves, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito –integrado por los magistrados Fernando Silva García, Martha Llamile Ortiz Brena y Salvador Alvarado López– negó el amparo 98/2021 a Grupo Elektra, por el que la compañía pedía rectificar la sentencia que en primera instancia resolvió el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a favor del SAT.
La víspera Grupo Salinas ya había adelantado que este asunto se discutiría en Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Incluso amagó con pedir que los magistrados que estaban dictaminando el caso se recusaran, debido a las declaraciones realizadas en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto al actuar de Luis María Aguilar Morales, integrante del pleno de la SCJN.
“La presión ejercida desde la más alta tribuna de este país, es evidente, ha contaminado el efectivo y autónomo proceder de dichos magistrados”, comentó el mismo corporativo que en su momento pidió que Aguilar Morales presentara justo este caso, que implicaba el adeudo de ahora 24 mil millones de pesos, ante una de las salas de la SCJN para que este máximo tribunal lo atrajera.
El adeudo en litigio originalmente alcanzaba 18 mil 455 millones 467 mil 083 pesos por impuesto sobre la renta (ISR) del ejercicio 2013, pero con las actualizaciones y recargos está cerca de los 24 mil millones de pesos. De acuerdo con lo que ha argumentado el SAT, el monto de este crédito fiscal responde a que al concluir el régimen de consolidación fiscal, se dejaron de sumar diversas pérdidas por enajenación de acciones que la empresa usó en los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 para disminuir el pago de sus impuestos.