Por Óscar Sánchez Márquez
Técnicamente el tiempo de le acabó a esta primera versión de la llamada 4T y ya se puede dar por hecho que no logrará reducir los niveles de inseguridad y crimen organizado a nivel nacional, como prometió. Este año llega a sus últimos días y el que sigue será de campañas, elecciones y cambio de administración, por lo que se ve muy complicado que en los próximos meses se produzca un cambio radical en materia de reducción de la violencia y el crimen.
Echar las campañas al vuelo como lo hizo en la semana que concluye la Secretaría de Seguridad Pública federal, Rosa Icela Rodríguez, no cambia la realidad que se vive en las calles. Esas “cortinas de humo” ya no funcionan en un mundo hiperconectado con medios de comunicación electrónicos vinculados las 24 horas del día a las redes sociales.
Nuevamente en la agenda electoral y en las demandas centrales de la población se coloca el tema de la inseguridad, por más que la narrativa cuatroteísta se esfuerce en subrayar que ese problema es ahora menor a como inició en este sexenio. Echarle la culpa al pasado, como ha sido su estrategia, pasó de ser estrategia para convertirse en pretexto.
Ya se sabe que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quiere arreglar todo con “narrativas”, y quizá en muchos casos le ha funcionado, pero tratándose del problema de la inseguridad, el baño de sangre, el crecimiento de zonas de control por parte del crimen organizado, robos, asaltos, desapariciones, levantones y crecimiento de homicidios dolosos un día y otro también, no hay narrativa que valga.
Más aún, los datos de las principales instancias de medición de indicadores de los diversos temas sociales y económicos en el país, como es el caso del Inegi, revelan con toda claridad lo que Rosa Icela Rodríguez, omitió en su reciente comparecencia en la Cámara de Diputados como parte de la Glosa del quinto año de gobierno de la actual administración.
La funcionaria, públicamente apapachada por el presidente, quien la calificó como una servidora pública de primer nivel, salió con la puntada de que hoy los mexicanos estamos más preocupados por los baches y el deterioro de calles y avenidas, que por el clima de violencia que día a día genera numerosas víctimas.
No es creíble que los habitantes de Guanajuato, Tamaulipas, Baja California, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Zacatecas, Aguascalientes y Estado de México, solo por citas algunas entidades, piense más en las condiciones en que se encuentra el asfalto que en el peligro que corren sus vidas al pisar la calle.
La funcionaria expresó que debido al trabajo de este gobierno los mexicanos viven hoy en mejores condiciones de seguridad, pero sobre todo se les ha quitado el miedo. Claro, la población ya no tiene miedo, ahora tiene pavor por todo lo que ocurre en las calles, desde el poblado más pequeño de Guanajuato, hasta la ciudad más industrializada del país como lo es Naucalpan y Tlalnepantla, por citar algunos casos.
No se diga lo que se vive en Chiapas, en donde la lucha entre cárteles de las drogas, se disputan a punta de metralla y baños de sangre el control de la zona.
Pero como no hay narrativa que se sostenga sin datos, lo que resalta entonces es la realidad, cuya fotografía más reciente la ha dado a conocer el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que arroja datos muy preocupantes.
Uno de ellos es que la cifra negra de hechos delictivos que se cometieron en el país durante el año 2022, es decir no denunciados, alcanza ya el 92. 4 por ciento.
Poco más de nueve de cada diez delitos no se denuncian. Una de las principales razones sea quizá la falta de confianza en la impartición de justicia; otra que los ciudadanos saben que acudir a la burocracia para pedir la aplicación de la ley es un mal chiste o pérdida de tiempo, o bien, han normalizado el clima de violencia.
La ENVIPE indica que en el periodo marzo-abril de 2023, el 74.6 % de la población de 18 años y más consideró que vivir en su entidad federativa era inseguro debido a la delincuencia, cifra estadísticamente inferior a la de 2021, sin que ello signifique que dejo de ser tema central.
La sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas también disminuyó estadísticamente. Un 63.7 y 39.9 % de la población de 18 años y más se siente insegura en su municipio o demarcación territorial y en su colonia o localidad, respectivamente.
Los porcentajes más altos de percepción de inseguridad pública en su estado se presentaron en Zacatecas, con 91.9 %, Estado de México, con 88.0 % y en Morelos, con 87.0 por ciento. Por el contrario, las entidades con los porcentajes más bajos fueron: Baja California Sur, con 33.4 %; Yucatán, con 37.8 % y Coahuila, con 44.1 por ciento.
Rosa Icela Rodríguez plantea que la percepción negativa sobre la seguridad ha bajado en esta administración. Los datos duros indican que sigue siendo un tema relevante en la población. Desde esa óptica oficialista la estrategia de “abrazos no balazos” tuvo resultados. Por ello ahora la narrativa oficial apunta a ubicar a los baches como la principal preocupación de los mexicanos.