México.- La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) solicitó formalmente a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, que, en orden de prelación y por seguridad jurídica, se proceda a resolver primero sobre la constitucionalidad del decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social el 11 de mayo de 2018, y luego se analice la validez de la reforma a dicha norma, aprobada en diciembre de 2022.
En un comunicado, la dependencia señaló que la LGCS fue aprobada antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018 por las mayorías parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), lo cual fue cuestionado por la entonces minoría en la Cámara de Senadores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el partido Movimiento Ciudadano, al considerar que existieron vicios en el procedimiento legislativo y que algunas de sus disposiciones no son acordes con la Constitución federal.
Presidencia pide a la SCJN resolver impugnación de 2018 antes que “Plan B”
Al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018, la SCJN consideró que la LGCS impugnada no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta; contrario a lo que ahora se resolvió en acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, relativa al decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022 y conocidas como Plan B.
Hasta la fecha, indicó la defensoría de la Presidencia, la SCJN no ha dictado sentencia definitiva, a pesar de que han transcurrido prácticamente cinco años desde su impugnación en 2018.
La solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal es con el propósito de evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México, por lo que hace un llamado a la SCJN para que resuelva los asuntos de su conocimiento “sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión”.
