Ernesto Madrid
Los empresarios del país desmintieron al coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados que afirmó haber tenido un dialogo con empresarios mineros al señalar que no sería conveniente que en el senado se apruebe igual en fast track la Ley Minera ya que aún requiere ‘afinarse’ con expertos y empresarios de la industria.
Por ejemplo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que “es fundamental que la socialización de la aprobada Ley Minera cuente con el tiempo suficiente para su análisis en el Senado, pues pese a que hay mayor flexibilidad en temas como la Ley de Aguas Nacionales, aún se debe trabajar para dar certeza a las inversiones en el sector, cuyas concesiones en todo el mundo, tienen un alto grado de complejidad por los tiempos que requieren las minas”.
Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) destacó su ánimo de dialogar con los legisladores “para fortalecer la propuesta de reforma minera sin descuidar los impactos que ésta puede tener en las más de 70 cadenas productivas de México”, como parte integral de la estrategia de fortalecimiento de las cadenas de valor nacionales.
Dejaron en claro que otros de los aspectos que se deben analizar con detenimiento, son los relacionados con la consulta indígena, así como con el otorgamiento de concesiones en garantía, que podrían dejar en indefensión a las empresas.
Pide IP a senadores frenar y antes analizar la aprobada Ley Minera
Lo anterior en razón de que la determinación de garantizar la seguridad en las minas, hay aspectos que no quedan claros ya que lejos de establecer una responsabilidad penal directa, se lleven a cabo las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades ante cualquier incidente que pudiera ocurrir.
Y aunque consideraron las modificaciones favorables que se establecen en la ley, en los periodos de concesiones de 30 años -y no de 15 como lo que se planteaba en el proyecto original- con opción a renovarse por 25 años más, e incluso, con la opción de una extensión por un tercer periodo de hasta 25 años a través de una licitación, aun no son las ideales porque solo dan cierta viabilidad al negocio minero en la nación.
“Por lo que hace a la temporalidad de la concesión, nos preocupa de manera importante en el sentido de que, la literalidad de cómo está planteada la reforma, deja abierta la posibilidad de que el periodo de la concesión pueda ser con efectos retroactivos; siendo lo anterior una cuestión de inconstitucionalidad e inconvencionalidad”.
Señalaron que el diálogo que se suscitará esta semana en torno a estas reformas se pondere la conveniencia de dar tiempo a la discusión para que la conformación de la nueva legislación concentre las aportaciones que se realicen desde el sector minero y desde los organismos empresariales con el objetivo de alcanzar el máximo beneficio de México.
Se pronunciaron por la pertinencia de que la aprobación se dé hasta el próximo septiembre argumentando que el poder legislativo tiene la responsabilidad y oportunidad de darle a México un marco legal óptimo para el desarrollo de la minería.
